La recta final previa a los comicios generales de Guatemala del 11 de septiembre arrancó este miércoles sin sobresaltos ni graves indicios de violencia pese a ser la primera vez que el proceso electoral se desarrolla bajo una fuerte presencia del narcotráfico.
"Es
la primera vez que unas elecciones se desarrollan en medio de fuertes
expresiones y presencia del crimen organizado y el narcotráfico", dijo
Marizza Herrera, consultora de Violencia Electoral de la Fundación Intenacional
de Sistemas Electorales (Ifes, por sus siglas en inglés).
La
matanza y decapitación de 27 campesinos en el departamento de Petén, fronterizo
con México, a mediados de mayo, supone una de las peores muestras de dicho
contexto.
En
relación directa con el proceso electoral se contabilizan 24 homicidios desde
enero, según un estudio de Ifes.
Observadores
civiles, agrupados en una instancia llamada Mirador Electoral, han detectado
pocos conflictos relacionados con el proceso, aunque sí existen atrasos y dudas
respecto al funcionamiento y fiscalización de los actores a cargo del Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
Según
Edmundo Urrutia, miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso), una de las entidades que conforman el Mirador, entre los aspectos más
preocupantes resaltan los atrasos en aspectos de logística y la poca eficacia
del TSE, a través de sus inspectores y delegados, para fiscalizar a los
partidos en la contienda.
El gasto
en propaganda y proselitismo autorizado por el TSE para la actual campaña, 6
millones de dólares, ya fue rebasado desde el 15 de agosto por dos de los
partidos que dominan en las encuestas sin recibir ninguna sanción, advirtió a
su vez Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), otra de las organizaciones
del Mirador.
De
acuerdo con las estimaciones, el Partido Patriota (PP) -primero en las
encuestas- es el que más lleva gastado, casi duplicando el límite establecido,
con un total estimado en 11.0 millones. La coalición del oficialista partido
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en alianza con la derechista Gran
Alianza Nacional (Gana), también rebasó el techo fijado, con desembolsos que
superan los 7.7 millones de dólares. Lo grave, según los observadores, es que
el TSE no cuenta con la capacidad para exigir a los partidos demostrar el
origen de los fondos que recaudan para invertir en la campaña. Estas dudas generan
una sombra sobre el proceso, señaló Urrutia.
Mientras,
el debate político prosigue su curso, aunque no mediante la discusión de los
planes de gobierno, sino más bien a través del uso de medios masivos y vallas
publicitarias, reprochó Catalina Soberanis, del Instituto Centroamericano de
Estudios Políticos (Incep).
De
acuerdo con las encuestas, el favorito para ganar la primera vuelta de las
elecciones presidenciales el 11 de septiembre (primera vuelta) es el general
retirado Otto Pérez, del derechista PP.
Pérez
consolidó su posición después que su principal oponente, la candidata del
oficialismo, Sandra Torres, quedara fuera de la contienda por un veto resuelto
en instancias judiciales el pasado 8 de agosto por ser cónyugue del presidente
en ejercicio, Álvaro Colom, pese a que se divorciaron en abril.
Según el
Incep, el proceso electoral estuvo marcado por la incertidumbre que representó
la "judicialización" de la candidatura de Torres, al igual que la de
otro candidato presidencial, Harold Caballeros, pastor de una iglesia
evangélica, de la cual renunció hace seis años para dedicarse a la política.
"La
mayor incertidumbre ahora es consecuencia de la finalización de los conflictos
judiciales en torno a la candidatura de dos aspirantes presidenciales, lo cual
ha generado un reacomodo en la intención de voto que apenas se empieza a
visualizar por las empresas encuestadoras", destacó el Incep.
Tras la
salida de Torres de la contienda, las encuestas atribuyen al actual diputado y
empresario Manuel Baldizón, las mayores posibilidades de quedar en segundo
lugar en la elección presidencial, con un margen suficiente para obligar a una
segunda vuelta, que se realizaría en noviembre.
El 11 de
septiembre, 7,3 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir
presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso Nacional, 333
corporaciones municipales y 20 diputados titulares y 20 diputados suplentes al
Parlamento Centroamericano (Parlacen).