Los terroristas que decidieron atacar la Rambla -tras sufrir un accidente manipulando material inflamable en una casa en Alcanar (Tarragona)- formaban parte de una célula dotada de muchos medios (explosivos, viviendas, coches alquilados, etc.) que presuntamente estaba dirigida por el imam de la mezquita de Ripoll, que estuvo en prisión hasta 2012. Las últimas pesquisas policiales indican que en esa casa hecha añicos en la explosión habría restos del líder religioso, que habría comandado a los jóvenes que atentaron en la ciudad condal e intentaron otra masacre en Cambrils. Esto confirma que España no sólo está entre los grandes objetivos del IS, sino que además, éste cuenta con una peligrosa estructura en nuestro territorio.

Con estos datos sobre la mesa, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunió ayer con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para valorar si la amenaza terrorista sobre nuestro país recomienda elevar el nivel de alerta a 5 (el máximo de la escala), lo que implicaría que los militares vigilaran puntos críticos -como aeropuertos, estaciones de tren o zonas de gran afluencia- para prevenir o contener un posible inminente ataque terrorista. Siguiendo criterios técnicos, se decidió mantener la alerta en el actual nivel 4.

En 2015, cuando la barbarie yihadista atacó París, Francia decretó el estado de emergencia. En Bélgica y Reino Unido también se reforzó la seguridad recurriendo al Ejército tras los atentados en Bruselas(2016)y Manchester(2017).

Hay que respetar los criterios técnicos. Pero, dada la situación política que padecemos, tememos que el Gobierno pueda tratar de evitar -en esta o en futuras revisiones de la alerta- la activación del nivel 5 para combatir a un enemigo organizado y que ha demostrado tener una alta capacidad de transformarse para hacer el mayor daño posible.

En la práctica, se ha demostrado que, por motivos de distinta naturaleza, el Estado español no puede aplicar muchos de los mecanismos con los que cuenta para su defensa. Léase el Artículo 155 -no utilizado pese a la grave amenaza secesionista- y puede ser que, ahora, los mecanismos contemplados en el nivel de alerta terrorista 5.

El yihadismo ha declarado una cruenta guerra a Occidente y España tiene que defenderse. La unidad política es vital. Los nacionalistas deben afrontar la realidad y arrimar el hombro porque el enemigo no hace distinciones entre catalanes, madrileños, londinenses o parisienses. Sin embargo, pese a la brutalidad de lo ocurrido, el Govern sigue empecinado en el procés y trata de hacer propaganda con el atentado. El consejero de Interior, Joaquin Forn, aprovechó el viernes una entrevista para hacer distinción entre víctimas españolas y catalanas, como si tuvieran nacionalidades distintas. Ayer, el consejero de Exteriores, Raül Romeva, se valió de su periplo por televisiones extranjeras para presentarse como "ministro de Asuntos Exteriores".

No parecen entender que la masacre de Barcelona ha derrumbado el discurso de la singularidad catalana según el cual una Cataluña independiente estaría a salvo de las crisis geopolíticas. Roto el espejismo, Puigdemont debe elegir entre el proceso separatista o el abrazo a la Constitución y reconducir su relación con el Estado para combatir juntos el terrorismo. No conviene olvidar que en las semanas previas al atentado, la Generalitat cesó al jefe de los Mossos, Albert Batlle, por anunciar que no quebrantaría la ley y la Constitución.

No es tiempo de distracciones.La buena labor policial y de los servicios de inteligencia nos ha permitido vivir 13 años sin atentados. Pero en ese tiempo, el enemigo se ha asentado en nuestro país. Lo prueba que en España haya unas 80 mezquitas salafistas -la corriente del islam más radical a la que pertenecía el imán de Ripoll-. Casi la mitad de ellas están en Cataluña y según el Real Instituto Elcano, cuatro de cada 10 yihadistas condenados en nuestro país también vivían allí.