El régimen instaurado por el generalAbdelfatah Al Sisi en verano de 2013 tras consumar un golpe de Estado que acabó con el gobierno del islamista Mursi, poco dista de aquella tiranía que se mantuvo 30 años y que costó tantas vidas derrocar. El general Al Sisi continúa rigiendo el país con mano de hierro y una feroz opresión con la que sofoca cualquier atisbo de disidencia política. De hecho, en los últimos tres años el Gobierno ha fortalecido su entramado carcelario. El país árabe ha construido una veintena de prisionesentre constantes denuncias de torturas y muertes; además de haberse extendido el uso de campos de detención y de cárceles militares. En el informe que hoy publicamos se recogen escalofriantes testimonios sobre los abusos del régimen, como el de Islam Jalil: fue arrestado con pruebas fabricadas, estuvo desaparecido durante 122 días y sufrió todo tipo de torturas. Consiguió eludir la pena capital gracias a la presión de Amnistía Internacional.

La persecución a la oposición política es constante. Según la documentación extra-oficial -la única, ante la opacidad y manipulación gubernamental- en Egipto hay 106.000 personas encarceladas, 60.000 de ellas, presos políticos. La represión es tal que, pese a las nuevas prisiones, los edificios están colapsados. Los detenidos malviven en paupérrimas condiciones. El funcionamiento de las prisiones no permite que se cumplan los derechos más básicos, como las visitas de los abogados o el envío de alimentos, y continuamente afloran testimonios de violaciones y torturas. Además, la ausencia de asistencia médica ha disparado el número de muertes en custodia.

Todo esto se perpetra bajo el paraguas de un sistema en el que los poderes legislativo y judicial carecen de la más mínima independencia y donde el ejército cuenta con una presencia ilimitada en la vida cotidiana. Mientras, la población egipcia sobrevive empobrecida a causa del colapso económico del país. Pues, bajo su apariencia de estabilidad, Egipto está sumido en una grave crisis por la fuerte caída del turismo y de la desconfianza de los inversores extranjeros. Ello ha llevado al presidente a tener que recurrir a los organismos internacionales en busca de financiación.

Ayer mismo, Al Sisi valoraba positivamente el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 12.000 millones de dólares a cambio de reducir su déficit y deuda. Por su importancia geoestratégica -Egipto es un aliado fundamental en la lucha contra el Estado Islámico-, la comunidad internacional cierra los ojos ante los excesos del Gobierno. Pero su rol en el tablero de Oriente Próximo no puede ser óbice para reclamar la instauración de la libertad en Egipto. Cualquier ayuda que se preste a Al Sisi debe ir acompañada de una exigencia de reformas democráticas en el país, donde urge establecer una Justicia independiente y el respeto a los derechos humanos. Lo contrario sería una auténtica bomba de relojería.