Este pronunciamiento abre las puertas para nuevas regulaciones administrativas en Estados Unidos. Sin esperar a que el Congreso federal termine de pronunciarse dentro de un debate dominado por el alto coste que tendrá para la mayor economía del mundo una reducción sustancial de las emisiones de CO2. Hasta el punto de contemplarse un recorte de tan sólo el 5,5 % con respecto a los niveles de contaminación de 1990.

 

Con esa declaración preparada desde abril, la Agencia para la Protección del Medioambiente podrá ordenar de forma unilateral recortes. Según Lisa Jackson, responsable de la institución reguladora, la EPA queda a partir de ahora "autorizada y obligada a realizar esfuerzos razonables" para limitar las emisiones de gases vinculadas al calentamiento gradual de la Tierra.

 

A juicio de Jackson, las evidencias científicas en torno a la cuestión del cambio climático no dejan duda posible la amenaza que esta contaminación supone para "la salud pública y el bienestar del pueblo estadounidense". Hasta ahora, la Administración Obama se había declarado interesada en lograr acuerdos legislativos. Pero sin descartar la posibilidad de imponer por la vía administrativa recortes a las emisiones procedentes de vehículos, plantas de energía y fábricas.

 

En junio, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que establecía un mercado nacional de cuotas de contaminación y recortes, pero calculados con respecto a las emisiones registradas en el 2005. Sin tener en cuenta los niveles de 1990 utilizados por otros países para sus respectivos compromisos en la lucha contra el cambio climático. Esa iniciativa no ha prosperado todavía en su complementaria tramitación por el Senado, sin perspectivas de un acuerdo hasta marzo del año que viene.

 

Sectores empresariales de Estados Unidos han venido rechazando la opción de luchar contra el cambio climático a través de regulaciones de la EPA contempladas por la Ley de Aire Limpio de 1990 y ratificadas en el 2007 por el Tribunal Supremo. Según estos intereses, las imposiciones administrativas son más costosas y rígidas que el mercado de cuotas de contaminación barajado por el Congreso. Con reproches de que la Administración Obama está sacrificando los intereses americanos de empresas y consumidores a cambio de un golpe de efecto en Copenhague.