Entre nacionalistas, populistas y movimientos anti-inmigración, la Unión Europea se enfrenta a una sobredosis de problemas existenciales. Polonia no debería estar en esa lista tan inquietante de gobiernos occidentales que monopolizan poder político a costa de saltarse las reglas del juego democrático. Una nación tan relevante como Polonia, con toda su heroica historia y su ejemplar lucha contra el comunismo, no debería defraudarse a sí misma debilitando pilares fundamentales en una democracia como la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho.

Al llevar a cabo lo que hasta Lech Walesa considera como una radical purga del Tribunal Supremo de Polonia, el partido Ley y Justicia está renegando de su nomenclatura y dividiendo todavía más a los polacos. Esta vez, el pulso se centra en la retirada forzosa de 27 de los 72 magistrados del Supremo, incluida su presidenta, y la creación de una nueva instancia disciplinaria judicial. Todo en virtud de una nueva ley que de forma retroactiva ha rebajado la edad de jubilación de los magistrados de los 70 a los 65 años.

Al estilo Trump, Ley y Justicia se ha empeñado en demonizar y calificar como enemigos del pueblo a los jueces que no dan la razón al gobierno. En el caso polaco, el gran reproche es que el poder judicial se encuentra lastrado por jueces obstruccionistas y recalcitrantes comunistas. Y desde su llegada al poder en 2015, estos hiper-conservadores ya han «liberado» el Tribunal Constitucional y han multiplicado la presión política sobre el Ministerio Fiscal y la selección de nuevos jueces.

Sin embargo, el Gobierno polaco ha demostrado recientemente que es capaz de admitir sus equivocaciones al reformar la polémica Ley del Holocausto, eliminando la amenaza de cárcel contra aquellos que impliquen a los polacos en los crímenes nazis. Es verdad, que ese cambio ha sido promovido por las suspicacias de Israel y posibles represalias en la relación con Estados Unidos. Sin llegar hasta esos extremos, Polonia debería rectificar y acertar con el respeto a su poder judicial.