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17/02/2011 | Estados Unidos se compromete a facilitar ayuda para los «ciber-disidentes»

Pedro Rodriguez

Hillary Clinton insiste en defender la libertad de Internet, pero considera que las filtraciones de WikiLeaks suponen un robo de documentos.

 

El gobierno de Estados Unidos -que desde el año pasado viene considerando la libertad en Internet como un nuevo pero fundamental derecho- ha decidido prestar respaldo formal y tangible a los «ciber-disidentes» y activitas que utilizan la Red para defender la necesidad de reformas democráticas desde Oriente Medio hasta China. Un compromiso que según ha explicado Hillary Clinton implica mayores esfuerzos para impedir la represión digital ejercida por gobiernos autocráticos en diferentes partes del mundo.

La secretaria de Estado, en un discurso realizado en un campus universitario de Washington, ha anunciado adicionales inversiones presupuestarias para financiar proyectos tecnológicos encaminados a proteger la libertad de expresión de «blogeros» y evitar que regimenes dictatoriales pueden ejercer su represión y censura a través de Internet. Desde el «gran muero de filtro» de China hasta las trabas a las redes sociales en Irán, Cuba, Siria o Vietnam, pasando por el reciente intento en Egipto de silenciar las protestas democráticas a través de la desconexión de las comunicaciones online.

En esta ofensiva diplomática para el siglo XXI, Hillary Clinton también ha confirmado el interés del Departamento de Estado para utilizar las redes sociales en defensa de libertades y derechos humanos. La semana pasada, su ministerio ya ha empezado a lanzar comunicaciones a través de Twitter en árabe y farsi. Con el proyecto de aumentar esa forma de mini-activismo en lenguas locales hacia audiencias en China, Rusia y la India.

Wikileaks, delito de conspiración

La secretaria de Estado ha vuelto también a defender la libertad de Internet con el argumento de que la represión digital no es una solución para evitar indefinidamente reformas y cambios políticos. Según Hillary Clinton, «la historia nos muestra que la represión a menudo siembra las semillas de una eventual revolución». A su juicio, «aquellos que reprimen la libertad de Internet puede ser capaces de contener temporalmente las aspiraciones de sus pueblos, pero no para siempre».

Hillary Clinton ha insistido en que el caso WikiLeaks no tiene porqué afectar al compromiso de la Administración Obama con la libertad online. Según la secretaria de Estado, la masiva divulgación de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos «empezó con un robo» comparable a extraer secretos de una caja fuerte y ocultarlos en un maletín. Lo cual, según la responsable diplomática, es perseguible con independencia de su carácter digital o analógica. En su opinión, «sin seguridad, la libertad es frágil"»

El discurso de la secretaria de Estado ha coincidido con el pulso en los tribunales federales de Alexandria, Virginia, sobre la investigación del caso WikiLeaks. El Departamento de Justicia quiere revalidar su deseo de que la compañía americana Twitter entregue los detalles de las cuentas de una serie de individuos relacionados con esa masiva filtración de material confidencial. Lista en la que figuran Julian Assange , el soldado Bradley Manning y la parlamentaria de Islandia, Birgitta Jonsdottir. Además del «hacker» holandés Rop Gonggrijp y el informático americano Jacob Appelbaum.

La reiterada búsqueda de este tipo de información confirmaría que el Departamento de Justicia intenta formular cargos contra el fundador de WikiLeaks por un delito de activa conspiración para divulgar secretos oficiales. Acusaciones que se basarían en la presunta relación entre Assange y el soldado Manning, a pesar de que el primero haya negado cualquier tipo de contacto con el especialista en inteligencia militar que tuvo acceso a todo tipo de material confidencial durante su destino en Bagdad.

Manning, considerado como la «garganta profunda» de los cables diplomáticos divulgados por WikiLeaks, se encuentra tras su arresto el pasado mes de mayo encarcelado en régimen de aislamiento en una base de los «marines» en Virginia. Durante este año se enfrentará a un juicio castrense que le puede costar una pena de medio siglo de prisión.

ABC (España)

 


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