«Maduro, Raúl se te fue», gritaba una cubana con familia en Venezuela en las calles de Miami. No por casualidad, Barack Obama firmó el jueves por la noche un paquete de sanciones contra miembros del «establishment» chavista, dos días después del anuncio de la distensión con Cuba. Y es que las dos cosas están muy relacionadas, aunque no en el sentido que señalaba el grito de Anay Vidal, quien llegó a Miami en 1992, fruto de las fugas que los Castro han ido permitiendo las últimas décadas para rebajar la tensión interna.

El canal abierto entre Washington y La Habana no merma las estrechas relaciones de Cuba con la nación sudamericana, sino que evidencia que el régimen castrista ya no puede contar solo con el auxilio de un país tan en crisis como Venezuela, por lo que ha de aliviar el embargo al que le somete Estados Unidos. Por su parte, Obama compensa con su tono duro hacia el chavismo la imagen de debilidad que le critican los republicanos por su mano tendida a Cuba.

Las sanciones, que afectan a una cincuentena de altos cargos chavistas por violaciones de los derechos humanos, fueron criticadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Un día después de haber calificado a Obama de «valiente» por su gesto hacia Cuba, Maduro volvió a sus diatribas contra EE.UU. «Por un lado reconoce el fracaso de las políticas de agresión y bloqueo contra nuestra hermana Cuba, quien con dignidad ha resistido y vencido. Y por otro inicia la escalada de una nueva etapa de agresiones a la Patria de Bolívar», dijo.

El presidente estadounidense firmó la ley tramitada desde hace meses por el Senado y la Cámara de Representantes, impulsada tanto por dirigentes republicanos como demócratas, y finalmente fue aprobada la semana pasada en un texto único. La ley castiga con la prohibición de acceso a visados de entrada a Estados Unidos y la congelación de bienes que pueden tener en ese país a personas que se consideran implicadas en la represión de las manifestaciones que hubo en los primeros meses de este año. El balance de la represión fue de 43 muertos, casi novecientos heridos y más de 2.500 detenidos.

Altos cargos en la lista

El régimen de sanciones castiga a quien era ministro del Interior durante las protestas, Miguel Rodríguez Torres, y a quien era titular de Exteriores, Elías Jaua. También se incluye al exjefe de la inteligencia militar Hugo Carvajal, y el actual responsable de esa área, Iván Hernández. Otros nombres de la lista son el de la fiscal general, Luisa Ortega; la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez; los generales jefes de la Guardia Nacional en varias de las regiones militares y los gobernadores Tareck el Aissami, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel, Alexis Ramírez y José Gregorio Vielma Mora.

El Congreso estadounidense estima que esas personas autorizaron o facilitaron asesinatos, golpizas, encarcelaciones injustificadas, juicios prefabricados y acusaciones falsas contra sus oponentes políticos y otros venezolanos inocentes. Esas acusaciones han sido avaladas por un detallado informe presentado en su día por la organización Human Rights Watch, que denunció la implicación gubernamental en la violencia aplicada por la Guardia Nacional y grupos civiles armados.