El clima de inseguridad que se vive en México cuesta al país unos $108 millones anuales, el 15 por ciento de su PIB, en presupuesto a los aparatos de combate a la delincuencia y de gastos de empresas en sistemas de seguridad, según un estudio del Instituto de la Competitividad divulgado el viernes.

El episodio más espectacular de la semana fue el tiroteo de más de 40 minutos que se desencadenó a plena luz del día en una zona habitacional de Acapulco. El saldo fue de cuatro muertos y al menos tres policías heridos, incluido un alto mando. Guerrero, donde se ubica Acapulco, ha sido escenario de ejecuciones de bandas de narcotraficantes, pero nunca se había vivido un episodio de semejante violencia, en el que salieron a relucir rifles AK-47 y AR-15 y granadas de fragmentación.

Fue necesaria la intervención de más de un centener de elementos de la policía local y federal y de miembros del Ejército para controlar la situación, que hizo vivir momentos de terror a los pobladores.

La Procuraduría General (PGR) reconoció que existen elementos para presumir que la balacera fue parte de un ajuste de cuentas del narcotráfico en Acapulco, plaza disputada por los carteles del Golfo y de Sinaloa y donde también actuarían narcotraficantes colombianos, lo que ha sido negado por las autoridades.

Cuando aún no se lograba controlar la situación en Acapulco, en la sierra de Ixtapa-Zihuatanejo, destino vacacional ubicado a unas tres horas por carretera, un helicóptero de la PGR que fumigaba herbicida sobre campos de marihuana fue derribado por disparos de armas de grueso calibre. El piloto de la nave resultó con heridas leves.

El lunes, otro episodio relacionado al narcotráfico tensó la relación con Estados Unidos: se identificó a presuntos soldados mexicanos cruzando la frontera en vehículos pesados para traficar droga.

Cuando Estados Unidos pidió explicaciones, el gobierno de México respondió que su Ejército no tiene en la zona fronteriza vehículos pesados como los que se utilizaron y que ningún militar faltó ese día a su pase de lista.

El canciller Luis Ernesto Derbez fue más lejos al insinuar que pudieron ser militares