La convocatoria simultánea a la elección de una asamblea constituyente y a un referendo sobre autonomías regionales para el 16 de octubre, hecha la víspera por el presidente Carlos Mesa, no logró hoy frenar las protestas y los bloqueos. Más aún, la situación tendía a radicalizarse con la rebelión de los empresarios de la rica provincia de Santa Cruz y la presencia de un grupo de civiles tocando en los cuarteles, en reclamo de un gobierno cívico-militar.

Aunado a las fuertes críticas de amplios sectores políticos y empresariales al decreto emitido por Mesa para la celebración de ambas elecciones, que las calificaron de inconstitucional, dirigentes de transportistas, maestros, cocaleros y trabajadores de la salud dijeron que estaban evaluando el discurso del mandatario con miras a fijar una posición. Pero, advirtieron, la demanda principal de la nacionalización de los hidrocarburos no ha sido tomada en cuenta.

Intervención castrense, exigen

En un clima en que los ánimos se han exacerbado, esta tarde un grupo de unos 50 civiles, encabezado por dirigentes medios de la Central Obrera Boliviana (COB), acudió a las puertas del Estado Mayor del ejército, en la populosa barriada paceña de Miraflores, en demanda de un "gobierno patriota de convergencia civil militar".

El grupo pidió la asunción del general Marcelo Antezana Ruiz en remplazo del presidente Carlos Mesa. "Hemos tomado acuerdo con algunos militares muy ligados al general Antezana para iniciar este proceso, que nos va a permitir recuperar la patria", afirmó el dirigente Pedro Cruz.

Insistió en que querían un ''gobierno de responsabilidad'' que vele por la ''integridad nacional'', a dos semanas de que el máximo líder de la COB, Jaime Solares, pidió un ''militar patriota'' similar al venezolano Hugo Chávez, y luego de que dos tenientes coroneles exigieran la renuncia de Mesa.

No obstante, las fuerzas armadas de Bolivia ratificaron este viernes su apego al sistema democrático y rechazaron rumores de golpe de Estado. ''Las fuerzas armadas seguirán unidas respetando la democracia, el proceso democrático'', declaró el comandante de las fuerzas armadas, contralmirante Luis Aranda.

También el general Antezana Ruiz, reclamado por los manifestantes, reiteró su lealtad a la institucionalidad y llamó a los líderes sociales y políticos a preservar la democracia en el país. Dijo que con 36 años de servicio a la nación y de respeto a la Constitución y las leyes no se iba a prestar a interrumpir el sistema democrático, sobre todo cuando es uno de sus defensores ''acérrimos''.

Convocatoria ''inconstitucional''

El civil Comité Empresarial Pro Santa Cruz (CPSCZ) se rebeló contra el presidente Mesa al ratificar su convocatoria de facto a un referendo sobre autonomías regionales, que días atrás había fijado para el 12 de agosto, en franco rechazo al decreto del mandatario, que lo fijó para el 16 de octubre.

''El referéndum vinculante departamentalmente se realizará el 12 de agosto. Junto con la elección de prefectos (gobernadores). Junto con los departamentos que así ya lo decidieron y con todos aquellos que quieran sumarse", anunció el CPSCZ tras una reunión de directorio.

Esta posición plantea un desafío al gobernante, que el jueves convocó a la elección de asambleístas constitucionales -exigida por las provincias pobres de los Andes bolivianos- a la par del referendo autonómico, reclamado por Santa Cruz y otras provincias amazónicas.

Mientras la jerarquía de la Iglesia católica reunida en Santa Cruz analiza la conveniencia de mediar en el conflicto nacional, el CPSCZ tildó de ''inconstitucional'' el decreto expedido por Mesa, a quien acusó de optar ''por enfrentar al país'' y de ''apoyar los bloqueos'' por ''militantes antidemócratas'' en La Paz.

Al tiempo de convocar a la población de esa rica región del oriente del país a mantener ''alerta y movilizarse'', se manifestó en favor de la instalación ''transparente, libre y franca'' de una constituyente, que merece ''celebrarse en paz y con acuerdo previos".

El Ejecutivo defendió la constitucionalidad del decreto de convocatoria. "El presidente Mesa tiene la atribución para establecer fecha de elecciones a constituyentes", esgrimió el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón. Ahora, dijo, toca al Legislativo determinar las características y condiciones.

Señaló que el presidente no podía esperar más para tomar su decisión sobre la realización simultánea de la asamblea y del referendo, porque la situación del país era de incertidumbre después de que el Congreso acordó un nuevo receso para sesionar hasta el martes, en medio de un ambiente de protestas violentas.

Alarcón, quien basó la defensa de la decisión presidencial en un antecedente similar de convocatoria por decreto del referendo de gas en julio de 2004, aseveró que el llamado a elecciones de la constituyente es un reclamo de miles de bolivianos y que la iniciativa popular de Santa Cruz para el referendo de autonomías también cumple con todos los requisitos constitucionales y legales.

Pero el ministro de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, oriundo de Santa Cruz, confirmó por escrito su renuncia al gabinete por discrepancia con Mesa sobre la convocatoria conjunta a la constituyente y el referendo, al apuntar que se "vulnera la Constitución política del Estado".

Espaldarazo de Evo Morales

Una organización de vecinos de la ciudad indígena de El Alto rechazó por ilegal la convocatoria de Mesa y lanzó otra vez manifestantes por las calles de La Paz en demanda de ''asamblea constituyente convocada por el Congreso''. El líder cocalero Evo Morales acogió con condiciones el decreto del mandatario.

Es ''una buen intención del presidente'', subrayó Morales, al tiempo de invocar la mediación del máximo jerarca de la Iglesia católica, cardenal Julio Terrazas. De hecho, el miércoles en Santa Cruz hubo choques entre campesinos e indígenas seguidores de Morales y un grupo local llamado Unión Juvenil Cruceñista.

El presidente de Junta Vecinales de El Alto, Abel Mamani, informó que analizaban la propuesta presidencial con otros líderes, pero descartó que las medidas de protesta se levanten, al considerar que en el mensaje no aparece la nacionalización de los hidrocarburos.

Los ánimos no se atemperan

El anuncio de Mesa no logró aliviar la tensión en las calles. Miles de campesinos, indígenas y vendedores al menudeo, entre otros grupos, marcharon otra vez sobre La Paz, colapsada, además, por una huelga de transportistas. El comandante de la policía en la sede de gobierno, coronel Hernán Jaimes, indicó que las actividades en La Paz y la vecina población de El Alto están semiparalizadas.

El gobierno calcula que las movilizaciones le cuestan entre 15 y 20 millones de dólares diarios al país. Sólo un acuerdo sectorial permitió la liberación de una carretera que comunica el sur boliviano con Argentina y Paraguay. Pero la mayor parte de las rutas principales y vecinales en el oeste, sudoeste y sudeste del país, entre ellas las que conducen a Perú y Chile, permanecían cerradas.

El canciller de Bolivia, Juan Ignacio Siles, rechazó por su parte que Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos hayan solicitado al presidente Mesa el adelanto de las elecciones presidenciales en su país.

Brasil Chile y Venezuela expresaron su preocupación por la crisis boliviana. Brasil, que tiene intereses petroleros en Bolivia, dijo que seguía de cerca la situación ante riesgos de desestabilización. A su vez, Venezuela manifestó su deseo firme de que Bolivia encuentre una solución conjunta, pacífica y constitucional.

El presidente de Chile, Ricardo Lagos, expresó su inquietud por la crisis boliviana, mientras su canciller, Ignacio Walker, estimó que la OEA tendrá presente la situación que se vive allí y la posible aplicación de la Carta Democrática. A la fecha, unos 300 camiones chilenos están detenidos en Bolivia en medio de bloqueos carreteros.