"Este es el golpe más grave'' que ha sufrido el estado de derecho en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega parece encaminarse a una "monarquía absoluta'', denunció el congresista José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), primera fuerza opositora del Congreso.

Ortega despuntó su cuarto año de gobierno con otro controversial decreto, en el cual ordena ratificar y prorrogar en sus cargos a 25 autoridades estatales que terminarán próximamente su período de cinco años, hasta que el Congreso nombre a los nuevos funcionarios.

La medida pasa por encima de la potestad exclusiva que tiene el Congreso para nombrar a los altos cargos de dirección en las instituciones del Estado, advirtió el diputado liberal Carlos García.

El mandatario ``quiere constituirse en poder supremo y absoluto (...) Se cree un rey'', deploró el dirigente de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN, derecha) y segunda fuerza del Congreso, Eduardo Montealegre.

Mientras el coordinador político del opositor Movimiento de Renovación Sandinista (MRS-centroizquierda), Edmundo Jarquín, calificó la decisión presidencial como ``un verdadero golpe de Estado''.

Representantes de la sociedad civil por su parte expresaron su preocupación por las ``reiteradas'' violaciones a la Constitución cometidas por Ortega, a través de más de diez decretos dictados en tres años de gobierno.

La reciente disposición presidencial favorece al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y los nueve magistrados propietarios y suplentes afines en su mayoría al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que concluirán su período en febrero y junio próximos y que la oposición se disponía a cambiar.

También serán beneficiados los ocho miembros propietarios y suplentes del cuerpo colegiado de la Contraloría, cuatro de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el Superintendente de Bancos, cuyos plazos expiran este semestre.

El decreto restituyó además en sus funciones al Procurador de Derechos Humanos, el sandinista Omar Cabezas, quien cesó en el cargo en diciembre pasado.

Ortega ``cree que es un rey y piensa que los nicaragüenses vamos a hacer todo lo que él quiera'', fustigó el diputado de la disidencia sandinista y ex vicecanciller del primer gobierno sandinista (1979-90), Hugo Tinoco.

``No podemos seguir tolerando disposiciones dictatoriales'' de esta naturaleza, consideró Montealegre, ex canciller y ex candidato presidencial, quien propuso promover la destitución del mandatario en el Congreso por sus ``constantes violaciones a la Constitución''.

La iniciativa, sin embargo, no contaba aún el domingo con el consenso de todas las bancadas opositoras, que analizaban la posibilidad de declarar únicamente ``nulo'' el decreto presidencial mediante un proyecto conjunto.

Ortega negó que esté ``usurpando'' funciones del Congreso con este decreto, con el cual busca ``garantizar la estabilidad del país''.

El gobierno anunció la medida en momentos en que el Congreso se disponía a convocar a la elección de los altos cargos, que requieren la aprobación de 56 de los 91 diputados y que requiere el voto conjunto del oficialismo y la oposición.

Los partidos de oposición, que son mayoría en el Legislativo, adelantaron que no apoyarían la reelección de los actuales magistrados electorales, a los que culpan de avalar los comicios municipales del 2008, que ganó el oficialismo en medio de denuncias de fraude.

Los acusan, además, de respaldar las intenciones de Ortega de optar a la reelección, en virtud de un cuestionado fallo que derogó una norma constitucional que prohibía la reelección sucesiva.