Seis áreas a revisión

La revisión anunciada afectará a seis áreas clave, afectando a lo que desde Londres se ha dado en llamar "poderes polémicos y sensibles" de los que dispone el Gobierno para tratar este tipo de amenazas terroristas.

En concreto, lo que será revisado será el empleo de órdenes de control hacia los sospechosos, las deportaciones, las relaciones con las organizaciones que promuevan cualquier forma de odio y violencia y el control más pormenorizado de los poderes del Estado para controlar teléfonos e Internet.

May justifica la revisión en la necesidad de corregir la manera en la que las libertades se habían empleado mal o se habían "usurpado". Al mismo tiempo, anima a las organizaciones de derechos civiles a que participen en el debate e incluso que puedan participar como 'jueces' para asegurarse de que la reforma sea "conducida correctamente" y se consideren todas las opciones relevantes.

Una revisión sesgada

Aunque no hay una fecha cerrada para iniciar los trámites, May quiso priorizar la tarea y anunció que se haría lo más "rápidamente posible", probablemente antes del otoño podría haber ya algún tipo de novedad al respecto.

La oposición, por su parte, ha mostrado su malestar por entender que ninguna de las decisiones tomadas fue gratuita sino en favor de la seguridad general. Alan Johnson, ex titular de la 'Home Office', resaltó que "el balance entre la seguridad individual y la colectiva debe variar cuando el nivel del terrorismo sea diferente" y, añade, "esta revisión parece que sólo se aproxima a un lado de este presunto equilibrio".