El juicio en el Tribunal Supremo fue autorizado el sábado por la Asamblea, de amplia mayoría oficialista, en línea con una solicitud de Morales, quien puso en manos del Estado, desde mayo del 2006, el control y la mayor parte de las ganancias de las exportaciones de gas a Argentina y Brasil.

"Nuestra bancada autorizó que (ambos ex presidentes) sean investigados y vayan a juicio de responsabilidades por acabar con vidas y por acabar con la economía nacional", dijo Morales en un acto en la región productora de coca de Chapare, su cuna sindical y política, según transmitió la televisión estatal.

Será el segundo juicio de responsabilidades que enfrente Sánchez de Lozada -otro ya iniciado es por genocidio y delitos económicos- después de que en octubre del 2003 fuera obligado a renunciar por un alzamiento popular y terminara refugiado en Estados Unidos.

"Sánchez de Lozada y Quiroga hicieron mucho daño a la economía, a la vida, y por tanto deben ser investigados por las autoridades del órgano judicial", añadió Morales.

Formalmente los ex presidentes y los tres ex ministros están acusados de haber violado la Constitución por no haber puesto a consideración del Congreso, ahora llamado Asamblea, 53 contratos petroleros de riesgo compartido suscritos entre 1996 y 2002.

Esos contratos que otorgaban a las petroleras extranjeras la propiedad del gas y el crudo que explotaban fueron anulados por la nacionalización de Morales, quien obligó a esas firmas, entre ellas la brasileña Petrobras, la española Repsol, la francesa Total y la británica BG, a convertirse en operadoras al servicio de la estatal

"Por culpa de la mal llamada capitalización, las privatizaciones, ¿cuánta plata (dinero) ha perdido Bolivia?", cuestionó el presidente, señalando que desde la nacionalización el Estado recibió más de 9.000 millones de dólares, más de seis veces que todo lo generado por impuestos y regalías en la década previa.

Al aprobar el juicio, del cual fue excluido el ex presidente Carlos Mesa (2003-2004), la Asamblea rechazó un recurso de inconstitucionalidad de última hora presentado por el ex presidente Quiroga, quien tuvo oportunidad de exponer su defensa ante los legisladores.

Quiroga arguyó el sábado que el juicio pondría en inseguridad a las empresas que firmaron contratos cuestionados. "¿Esa es la mejor manera de decir que inviertan?", cuestionó, en alusión a las dificultades que ha enfrentado Bolivia en el último quinquenio para acelerar las inversiones petroleras.

El vicepresidente Alvaro García, a la vez presidente del Organo Legislativo, explicó luego que "el recurso (de Quiroga) fue rechazado porque la Asamblea no está juzgando, sólo está autorizando el proceso; el ex presidente podrá ejercer su defensa plena ante el Tribunal Supremo".