Ciudad de Guatemala. La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) allanaron este jueves las oficinas centrales de la telefónica Tigo, filial de Millicom International Cellular, en busca de documentos en medio de una investigación por su supuesta implicación en casos de corrupción.

Aunque las autoridades no dieron más detalles porque declararon el caso bajo reserva, la diligencia se produjo a cuatro meses de que la CICIG anunció que investigaría a Tigo después de que un ex ejecutivo de la telefónica Claro, filial de la gigante mexicana América Móvil, puso en evidencia “negocios” de Tigo con al menos dos gobiernos de Guatemala.

En julio, el jefe de CICIG, Iván Velásquez, dijo que se iniciaría una investigación penal por el financiamiento electoral ilícito que supuestamente había realizado Tigo al Partido Patriota y por las presuntas relaciones ilícitas con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (2008-2012).

La primera indagatoria que se conoció sobre Tigo fue en octubre de 2015, cuando Millicom informó que su filial era investigada por autoridades de Estados Unidos y Suecia por posibles pagos indebidos. No se tuvo más información sobre ese caso.

La oficina de comunicación de Tigo rechazó una solicitud de Reuters para comentar sobre el allanamiento.

Este sería el segundo caso en que una de las principales empresas de telefonía de Guatemala estaría involucrada en pagos a funcionarios del Gobierno.

Otro caso. Según las investigaciones presentadas en julio de este año, Tigo estaría vinculado a otro caso.

Supuestamente la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), fue afectada durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y del Ministerio de Comunicaciones para que Telgua le pagara a Tigo US$400 millones por un reclamo realizado en 1998.

Según la Cicig, el testimonio del entonces gerente de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, su empresa buscó acercarse al entonces presidente Álvaro Colom y a sus allegados, pero que no lograron obtener beneficio alguno debido a que, según Porras Zadik, Tigo habría comprado influencias para obtener un fallo a su favor en instancias judiciales.

En ese caso la Cicig señaló a Telgua de haber dado Q15 millones (US$2 millones) de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, en 2011, para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la empresa Tigo. La estrategia, según la Cicig, se ejecutó a través del exembajador de Guatemala en EE. UU. Julio Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

* Con información de Reuters y Prensa Libre de Guatemala.