El 11 de diciembre de 2009, unidades de la Secretaría de Marina irrumpieron en una narcofiesta en las afueras de Cuernavaca. La secuencia de persecuciones y acciones condujo al enfrentamiento en el corazón de la ciudad con Arturo Beltrán Leyva, abatido en ese combate de horror la noche del 16.
La CNDH informa ahora que la Marina se negó a aceptar dos recomendaciones derivadas de los hechos, donde “incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las lesiones provocadas por los proyectiles”.
La CNDH detalla lo ocurrido y acusa a la Marina de no “realizar una adecuada planeación y desproteger la integridad física de las víctimas”, así como de “en ningún momento adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de personas ajenas a los operativos”.
En buen latín, por no planear y ser cuidadosos, los marinos asesinaron a dos ciudadanos que, en efecto, nada tenían que ver. Y la Marina no lo quiere reconocer. Denunciarlo es el trabajo de la CNDH. Para eso se creó.
La Marina consiguió en aquellos días liquidar a uno de los criminales más poderosos y crueles. En venganza, los sicarios de Beltrán Leyva fueron a Tabasco a ejecutar a la familia del marino muerto en la Batalla de Cuernavaca.
El almirante Saynez sabe lo que le espera a partir de diciembre de 2012. Lo saben los secretarios Galván y García Luna. Y el presidente Calderón.
Las instituciones que investiguen “el pasado” irán por ellos, no por los hijos de puta. Así son las guerras en las democracias.
