Preguntó también quién es el principal responsable de la violencia que agobia a México: 46 por ciento respondió que las autoridades; sólo 36 por ciento, los criminales.
En esta intemperie, mentes lúcidas que han narrado la violencia, como el escritor Elmer Mendoza, dicen: “Sin que el gobierno pierda el estatus, urge una negociación, algo que sería natural dada la situación actual”.
¿Negociar qué? La encuesta del GCE da una pista: 1. Protección a las familias de los criminales; 2. Eliminar figuras como el arraigo y la extradición; 3. Territorios de acción.
Resulta, entonces, que llegó el momento de confiar en la palabra de La Tuta, sentarse con Los Zetas, establecer límites geográficos a los cárteles del Golfo y el Pacífico, supervisar la reconstitución de los Beltrán Leyva, determinar qué sí podrán hacer las desalmadas pandillas de Juárez, acordar con los sicarios de Guerrero que maten, pero no decapiten.
Qué confusión tan colosal se está gestando. Ante ella, me refugio en el norte que trazó Héctor Aguilar Camín hace un año, luego de la matanza de jóvenes en Villas de Salvarcar: “No hay una condena moral sistemática contra los asesinos, que son los responsables de la sangre y de las ejecuciones y de los decapitados. ¡Esos son los hijos de puta! ¡Volteemonos contra ellos! Y reclamémosle al Estado, obviamente, ser tan ineficaz con la seguridad que está obligado a dar. Pero los hijos de puta, son los hijos de puta”.
Esos son.
