El Gabinete de Comunicación Estratégica preguntó el miércoles a los habitantes de Juárez (500 entrevistas telefónicas) qué opinión tenían sobre el desempeño del Ejército mexicano en su desfigurada ciudad. Un 55 por ciento respondió que mala o muy mala. Cierto que se trataba de las horas posteriores a la masacre de 16 jóvenes, pero es también la primera encuesta que recuerdo donde el Ejército reprueba.
El Ejército está en las calles desde hace 40 meses por la inutilidad de las policías estatales y municipales y la insuficiencia de la federal. Cuarenta meses en tareas de contención de las bandas criminales comienzan a pasar factura.
Al desgaste lógico se suma el facilismo de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que no han tenido reparo en convertir puntuales, pero contados, casos de abuso militar en una estridente denuncia de violación generalizada de derechos, como si de los genocidas guatemaltecos de los 70 se tratara.
Los políticos, por su parte, repiten con una simpleza hermana de la estupidez que el Ejército debe regresar a los cuarteles. No precisan cómo, cuándo ni por qué. No tienen idea. Pero forman también un coro del facilismo.
Los legisladores, además, han mandado al diablo al Ejército en la muy concreta demanda de discutir y, en su caso, aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, para que mañana un delirante no acuse de genocidio a quienes se batieron contra los Beltrán Leyva et al.
Con el acto de la Marcha de la Lealtad comienzan hoy los actos del mes del Ejército. Los militares tendrán mucho que decir, aunque parece que pocos están interesados en escucharlos.
Qué pena, porque es un Ejército que ha estado a la altura de las circunstancias.
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