Ya se sabe, el Legislativo culpa de incapacidad al gobierno federal y éste al Legislativo de negligencia; el gobierno federal a los estatales por no hacer prácticamente nada contra el crimen organizado y éstos al federal por no apoyarlos.
Resultado, se fugan 53 internos de una cárcel de Zacatecas, 41 de una de Matamoros, 85 de una de Reynosa, sin que se construyan penales seguros. Vaya, sin que se construyan penales.
Al comenzar la década había 155 mil internos y una sobrepoblación penitenciaria de 28 por ciento. Diez años después, el total ronda los 250 mil y la sobrepoblación el 32 por ciento. Según estudios diversos, 70 por ciento de los detenidos está en las cárceles por robo, en su mayoría robos simples, de escasa cuantía. Hay, en cambio, 51 mil 500 presos peligrosos, federales. Sólo 4 mil 600 de ellos están recluidos en alguna de las siete cárceles de alta (Almoloya, Puente Grande, Matamoros) o mediana seguridad (Islas Marías, Tepic, Morelos, Villa Aldama).
En la guerra contra el crimen se habló de edificar 12 penales federales para encerrar a 27 mil delincuentes peligrosos, y de ampliar algunos de los existentes para albergar a otros 14 mil. No hay nada.
Resultado de la ineficacia colectiva: México no tiene ya dónde encerrar a los peores asesinos y secuestradores. Pero a los políticos de la generación del fracaso este es otro puntos que los tiene sin cuidado.
