Quienes han dado la pelea son el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali y grupos ecologistas, mientras la diplomacia mexicana brilla por su ausencia, pese a que el tema es de competencia federal (artículo 27 constitucional).

Los trabajos empezaron el 5 de julio y terminarán a fines de 2009. El tramo a ser revestido (37 km) es el más poroso y equivale a más de la cuarta parte de la longitud del canal, que va desde el río Colorado a San Diego, irrigando el Valle Imperial de California. Cerca de 2 mil hectáreas de agricultura tecnificada, más de mil familias mexicanas y hábitat ecológicos frágiles y singulares dependen del agua que se filtra del canal al subsuelo en el lugar conocido como Mesa de Andrade.

La obra es parte del Acuerdo de Distribución de Agua del Río Colorado firmado en 2004 por el Departamento del Interior y siete estados para transferir agua de uso agrícola a ciudades. El hecho de que el gobierno federal sea el promotor del acuerdo es significativo, pues el manejo del agua en la Unión Americana ha sido controlado históricamente por los estados. En este caso, el gobierno federal ordenó al gobierno de California financiar la mitad de la obra.

Al colocarse por encima de las disputas entre estados, el gobierno de Estados Unidos se encamina hacia un manejo centralizado del agua, mientras el gobierno mexicano, que tiene competencia constitucional exclusiva en la materia, tiende a abandonar a los estados a su suerte. En la disputa sobre las demasías del río Bravo en 2004, Vicente Fox declaró que el problema era del gobierno de Chihuahua, no del suyo, aunque luego recapacitó.

El acuerdo del río Colorado es parte de la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos y sienta precedente para resolver unilateralmente disputas de agua en los 17 acuíferos y ríos compartidos con México. Para la distribución de agua superficial existen criterios que se han ido afinando desde la época de Porfirio Díaz, no así para el agua subterránea. Otras obras de EU han disminuido la filtración a los acuíferos Mimbres (Chihuahua-Nuevo México) y Bolsón (Chihuahua-Texas).

Los esfuerzos del gobierno mexicano para establecer criterios hidrológicos sobre acuíferos binacionales datan de mediados de la década de 1980, pero se han estrellado contra la estructura descentralizada y la falta de voluntad de Estados Unidos. La administración Clinton añadió un capítulo ambiental al TLC, pero el manejo de acuíferos quedó en vaguedades ecologistas. La Asamblea General de la ONU aceptó criterios de equidad en 1997, pero el gobierno mexicano no ha acudido a ellos.

Cuando Fox endilgó el problema de las demasías del río Bravo al gobierno de Chihuahua, muchos pensamos que su apatía era sólo manifestación de su personalidad superficial y la ignorancia de sus propias facultades constitucionales. Ahora hay motivos para sospechar que la negligencia parece consustancial a la ideología del PAN, una extrapolación de su compromiso federalista a niveles nunca vistos. Al menos nunca había ocurrido que una agrupación empresarial sustituyera al gobierno federal en un asunto diplomático tan sensible.

Como era previsible, la corte federal del caso desechó la demanda del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali por falta de personalidad jurídica de los quejosos, mientras el gobierno federal se limitaba a enviar una nota de protesta y a un discurso enjundioso del presidente Calderón. Por fortuna, la corte finalmente aceptó el reclamo de agricultores del Valle Imperial a fin de que el tramo del canal que será desocupado sea mantenido con agua estancada como medida de mitigación.

Si la sentencia es obedecida, el acuífero de la Mesa de Andrade seguirá recibiendo agua filtrada y el impacto negativo de la obra será mitigado, a pesar de la inacción del gobierno mexicano. Falta determinar la efectividad de la medida para la agricultura, la ecología y las familias mexicanas y, sobre todo, falta una visión y políticas para los próximos conflictos.

blascota@prodigy.net.mx

Analista político