Bruselas aprobó un tratado sobre el cumplimiento de condenas con el régimen iraní, para intercambiar al cooperante belga por el agente leal a Teherán, pero la Corte Constitucional lo acabó suspendiendo.
Assadollah Assadi, un iraní de 52 años, es la
demostración de que Teherán practica el terrorismo de Estado. Assadi no es un
mercenario a sueldo contratado a través de intermediarios para acabar con la
vida de enemigos de Irán en Europa. Es un veterano agente del servicio secreto
iraní (quizá su jefe para el Viejo Continente) con cobertura diplomática como
tercer secretario de la embajada de su país en Austria. Sin embargo, ahora está
encarcelado en Bélgica. Teherán recurre al chantaje para recuperar al alto
funcionario de su Ministerio de Inteligencia, que cumple una larga condena
detrás de los barrotes.
Assadi fue condenado a 20 años de cárcel —la pena máxima—
por un tribunal de Amberes por "intento de asesinato de carácter
terrorista" y "participación en actividades de un grupo
terrorista". El atentado que planeó fue "concebido en nombre de Irán
y bajo su impulso", según la Seguridad de Estado belga. A sus tres
cómplices les cayeron entre 15 y 18 años de cárcel y la pérdida de la
nacionalidad que habían adquirido años atrás.
El "intento de asesinato" consistió en acabar
con la vida de Maryam Rajavi, la lideresa del Consejo Nacional de la
Resistencia de Irán, más conocido como los Muyahidines Khalq, el principal
grupo opositor al régimen de Teherán. Ese día celebraba en Villepinte, en la
periferia de París, un acto en el que participaron varios expolíticos
españoles, empezando por Fernando Maura Barandiarán, que fue eurodiputado de
Ciudadanos.
Assadi entregó unos días antes, en el Pizza Hut de
Luxemburgo, a un colaborador, Amin Saadouni, belga de origen iraní, un
artefacto explosivo compuesto por medio kilo de peróxido de acetona (TATP) que
debía hacer estallar junto a Maryam Rajavi. Saadouni y su esposa, Nasimeh
Naamani, pusieron rumbo a París, a bordo de un Mercedes. En Villepinte les
esperaba un cómplice que les guiaría hasta la lideresa. Aún no habían salido de
Bruselas cuando la policía belga les interceptó. El Mossad (servicio secreto
israelí) le había dado el soplo, según cuenta el diario Wall Street Journal.
Assadi invocó durante el juicio la inmunidad que
supuestamente le otorgaba su estatus diplomático y se negó a sentarse en el
banquillo. Siguió el juicio desde la prisión. Su inmunidad era válida en
Austria, el país donde estaba acreditado, pero no en Alemania, donde fue
detenido cuando regresaba a Viena.
"El juicio y el veredicto son ilegales y constituyen
una flagrante violación del derecho internacional", declaró entonces Said
Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. La reacción
iraní no se circunscribió a una mera declaración de protesta. En febrero, fue
detenido el cooperante belga Olivier Vandecasteele, que llevaba seis años en el
país trabajando para la ONG Relief International y, previamente, para el
Norwegian Refugee Council.
Quedó pronto claro que Vandegasteele no era uno más de
esos extranjeros detenidos en Irán para presionar a países de la Unión Europea
o, más recientemente, para tratar de demostrar que las protestas callejeras
desde septiembre son instigadas por agentes a sueldo de potencias occidentales.
Dos españoles, Santiago Sánchez Cogedor, desde hace tres meses, y Ana Baneira,
desde hace casi dos, están también detenidos en Irán.
"Parece que [su encarcelamiento] es el reflejo de la
condena a 20 años que cumple en Bélgica un ciudadano iraní", comentó con
cautela Olivier Van Steirtegem, portavoz de la familia del cooperante
Vandegasteele. Expresó su preocupación por el estado de salud de su amigo en
Irán, que en noviembre pasado inició una huelga de hambre.
Al Gobierno belga solo se le ocurrió una solución para conseguir
que Vandegasteele regrese a su país: firmar un acuerdo de cumplimiento de
condenas con Teherán mediante el cual Assadi sería enviado a Irán para, en
teoría, pasar allí en una prisión los años que aún tiene pendientes. En el
fondo, todos saben que sería puesto de inmediato en libertad. El cooperante
belga sería, a su vez, entregado a Bélgica.
El Gobierno belga presentó al Parlamento federal, con
carácter de urgencia, un tratado internacional sobre cumplimiento de condenas
penitenciarias con Irán que, en la práctica, permitiría ese intercambio. Fue
aprobado al mes siguiente y, en noviembre, también lo ratificó Ebrahim Raissi,
el presidente de la República Islámica.
La Corte Constitucional belga se cruzó, sin embargo, por
medio y desbarató el proyecto. En un auto, suspendió cautelarmente el tratado,
asumiendo, en parte, los argumentos de los exiliados iraníes en Europa. La
entrega a Irán y posterior puesta en libertad de un condenado por terrorismo
supone para los refugiados "un riesgo grave y difícilmente
reparable", argumenta. Ahora la Corte dispone de tres meses para
pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
La reacción iraní al auto no se hizo esperar. El Gobierno
belga supo que Vandegasteele había sido juzgado y condenado a 28 años de
cárcel, aunque desconoce de qué se le acusa. Cumple la condena en la cárcel de
Evin en Teherán. El primer ministro, Alexander De Croo, y los titulares de
Asuntos Exteriores y de Justicia se reunieron de inmediato con la familia del
cooperante para comunicárselo.
"La Corte ha echado por tierra todo el montaje
puesto a punto por el Gobierno belga" para rescatar a Vandegasteele,
comentó desolado en Bruselas el portavoz de la familia. "No hay un plan
B", afirmó. El Ejecutivo belga prepara, no obstante, con sus servicios
jurídicos la respuesta al auto del Constitucional. Intentará así que en marzo
no se ratifique en su anterior decisión.
Ante el riesgo de que Irán incremente aún más la presión
deteniendo a más ciudadanos belgas, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a
los 200 belgas que residen en el país que se marchen cuanto antes.
"Cualquier visitante o residente (...) corre un elevado riego de ser
detenido de forma arbitraria y de ser juzgado sin garantías", reza un
comunicado. "Este riesgo también incluye a las personas que efectúan un
viaje turístico", añade. "En caso de detención, el respeto de los
derechos fundamentales y la seguridad de las personas no están
garantizados", recuerda.
El único pequeño consuelo para la familia de
Vandegasteele ha sido en estas fechas navideñas que, por primera vez en 10
meses, han podido verle. Las autoridades penitenciarias iraníes le permitieron
hacer una breve videoconferencia en Nochebuena, pero con la condición de que se
expresara en inglés y no mencionara el juicio al que había sido sometido. Aun
así les dijo de pasada que fue un "simulacro". En las imágenes
aparentaba estar muy delgado. Vestía una mera camiseta pese a que en Teherán el
termómetro no rebasa los 10 grados y en la cárcel de Evin hace frío. Supieron
también que padecía una infección en un pie.
La Unión Europea empezó a aprobar, a partir de enero de
2019, sanciones específicas contra el titular del Ministerio de Inteligencia
iraní, Mahmud Alavi, y varios miembros de su equipo. Sus haberes fueron
bloqueados y pasaron a formar parte de la lista de viajeros que no pueden
entrar en Europa. Son medidas insuficientes para disuadirles de practicar el
chantaje.
https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-01-09/chantaje-iran-jefe-espias-condenado-terrorismo_3551228/