Dos años después Abu Salah envió a El País la primera foto de los tres rehenes catalanes que la organización terrorista apresó en Mauritania en noviembre de 2009. La instantánea fue portada del periódico español y horas después dio la vuelta al mundo. Abu Salah reapareció en agosto de 2010, en la web de ese diario, para anunciar en un audio la liberación de los dos varones catalanes que aún estaban secuestrados y explicar los motivos de su puesta en libertad.

El número dos de AQMI no mandaba a los periodistas archivos adjuntos a sus correos. Enviaba unos códigos que permitían descargárse los archivos en determinadas páginas. Él me los dio puntualmente. En cambio, la belgo-marroquí Malika el Aroub, apodada Oum Obeyda, nunca me proporcionó el acceso al foro radical que animaba en Internet y que llegó a ser el que contó con más participantes europeos. El Aroub cumple ahora una condena de ocho años en Bélgica por sus actividades terroristas. Dos años antes de su ingreso en prisión también la entrevistó The New York Times.

Contactar virtualmente con Al Qaeda, descargarse la revista en inglés del Estado Islámico (Dabiq), ver vídeos colgados en diversos foros por los islamistas más extremistas, no significa compartir los ideales terroristas. Forma parte del trabajo de cualquier periodista, y también de académicos y policías, que tratan de informarse sobre lo que piensan, lo que pretenden los musulmanes ultra radicales para después analizarlo y contarlo a los lectores.

Divulgar los vídeos de yihadistas preparándose para acudir a un mercado de mujeres yazidíes convertidas en esclavas en Irak, mostrar en la web del periódico los asesinatos de rehenes ante la cámara -suprimiendo las imágenes más terribles por respeto a las víctimas- puede incluso provocar mayor rechazo al terrorismo si son debidamente contextualizados. Basta con leer los comentarios que hacen los lectores al pie de esas imágenes para comprobar que esa suele ser la reacción.

El borrador de la proposición de ley introducido por el Grupo Popular en el Congreso, que modifica la ley Orgánica 10/1995, señala, sin embargo, que "será castigado con pena de prisión de uno a ocho años" quien consulte "habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea cuyos contenidos estén dirigidos" a animar "a la incorporación a una organización terrorista". Las mismas penas podrán ser impuestas a aquellos que obtengan documentos que "resulten idóneos" para el enaltecimiento del terrorismo.

Es decir, que por ver vídeos de propaganda yihadista, por descargarse las revistas de Al Qaeda (Inspire) o del Estado Islámico, no solo periodistas, sino también académicos, investigadores universitarios y, por supuesto, policías pueden ir a la cárcel. ¿Quién ha podido redactar semejante disparate?

Matización del ministro

Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior, acabó reconociendo el 14 de enero, según la agencia Europa Press, que está dispuesto a retocar, en la proposición de ley, el delito de adiestramiento pasivo. Admitió que "no es lo mismo que sea un periodista o un policía" quien visite de forma "habitual" una web yihadista, que "otras personas" carentes de motivación profesional. Podía haberlo dicho al empezar a tramitar la proposición. Habría evitado dar sustos a la prensa.

Trabajar como periodista sobre el yihadismo no es fácil. Gran parte de su propaganda está en árabe, la teología islámica salpica su literatura, sus reivindicaciones. El periodista necesita ayuda para comprobar la autenticidad de un vídeo, comprender el significado de un texto etcétera. La he pedido muchas veces enviando enlaces o documentos a amigos y conocidos dentro y fuera de España.

Uno de los que me suele echar una mano es profesor de religión islámica en un instituto, otro es aficionado a estos temas, pero trabaja en una empresa española de seguridad privada. Aunque Fernández Díaz rectifique para salvar de la cárcel a periodistas y policías, aquellos que me ayudan a interpretar el yihadismo sí seguirán delinquiendo a ojos del ministro.