Lo único que separa hoy a Bukele de convertirse en dictador es la inconstitucional reelección que ya ha anunciado. Ahora es un presidente constitucional, aunque su ejercicio del cargo ya no lo sea.
La falta de sorpresa no le resta gravedad al anuncio que
Nayib Bukele ha hecho de buscar la reelección. No solo por tratarse de una
violación a la Constitución y las leyes de El Salvador, sino porque el régimen
ha eliminado ya todos los contrapesos que servían para que esa Constitución y
esas leyes se cumplieran.
"Que el pueblo decida", dicen los portavoces
del engaño, encabezados por el vicepresidente Félix Ulloa –que se pasó media
vida defendiendo la prohibición constitucional a la reelección hasta que el
oportunismo le transformó la interpretación jurídica–. Pero la Constitución y
el estado de derecho no son asuntos de populismos ni de propaganda engrasada
con el dinero de los contribuyentes. Sin respeto a la Constitución, sin
rendición de cuentas, sin pluralidad, sin división de poderes e independencia
judicial, y con represión, tampoco hay elecciones libres ni democracia.
Bukele y su grupo urdieron un plan completo, desde el
principio, para terminar con nuestra democracia. Su plan dictatorial, como lo
son todos, pasaba por arrebatar todas las instituciones del Estado y concentrar
poder; cerrar la puerta a todo disenso, a toda auditoría a su ejercicio público
y a toda posibilidad de alternancia.
Su truco para mantener la popularidad mientras llegaban a
este punto fue la propaganda, que les funcionó mejor de lo que casi nadie
vaticinó. Pero cada paso de este desmantelamiento lo hizo en público, con la
complacencia y complicidad de empresarios corruptos, de jueces corruptos, de
funcionarios corruptos, de policías corruptos, de soldados corruptos y de
ciudadanos cómodos en el silencio.
El primer gran eslabón fue aquel 9 de febrero de 2020,
poco antes de la pandemia, cuando un delirante Nayib Bukele se tomó la Asamblea
con el Ejército, amenazando con disolverla si no le aprobaban un préstamo para
comprar equipos de seguridad. Nuestro editorial de esa semana ya advertía el
camino oscuro en que Bukele metía al país. Titulado Maneras de Dictador,
colocaba aquel momento como la hora más baja de nuestra democracia en tres
décadas. Solo la comunidad internacional frenó aquella intentona golpista.
Apenas comenzaba la conspiración de Bukele.
La pandemia le permitió otro ensayo: el de desobedecer
resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y limitar las libertades de los
ciudadanos sin cumplir con los procedimientos de ley; allí comprobó que podía
violar todas las leyes que quisiera sin ninguna consecuencia.
Su control sobre la población fue compensado con la
entrega de víveres y dinero a familias de escasos recursos, lo que aumentó su
popularidad. Esos paquetes de alimentos fueron también parte del esquema de
saqueo del Estado, con compras de alimentos a sobreprecio a los amigos del
presidente y la venta de esos paquetes en el mercado negro por parte del
director de Centros Penales y su familia.
Los periodistas de este y otros medios también advertimos
del saqueo sistemático de nuestros fondos públicos y la rampante corrupción. El
ministro de Salud, Francisco Alabí, compró insumos a sus propios familiares y
el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, malversó millonarios fondos
públicos. El escándalo fue tal que hasta la CICIES, discreta aliada de Bukele,
se vio obligada a abrir doce expedientes por corrupción que trasladó a la
fiscalía. Amenazado por esas instituciones del Estado que aún no controlaba,
Bukele envió a la Policía a impedir el ingreso de auditores a los ministerios
cuestionados y expulsó a la efímera Comisión de la OEA. Si la pandemia le había
permitido poner a prueba la lealtad de policías y Fuerza Armada, estos hechos
terminaron de confirmárselo.
Un año después, el presidente quitó los fondos del
presupuesto dispuestos por ley a las alcaldías, de tal manera que se hizo
también del control de qué municipio tendría recursos y cuál no. Los paquetes
de alimentos comenzaron a ser distribuidos por candidatos activistas de su
partido, Nuevas Ideas.
Su triunfo mayoritario en las legislativas le permitió
dar el golpe al poder judicial: la flamante bancada de Nuevas Ideas entró por
primera vez a la Asamblea el 1 de mayo de 2021 y en su primera sesión
legislativa arrasó con lo que quedaba de institucionalidad. Sus primeros actos
fueron decretos redactados en Casa Presidencial y votados por una mayoría
bukelista que ni los conocía ni necesitaba conocerlos: destituyeron al fiscal y
allí mismo impusieron uno leal a Bukele; destituyeron a los magistrados de la
Sala de lo Constitucional y allí mismo impusieron a sus propios magistrados,
sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley. A pesar de la
ilegalidad del acto, los magistrados impuestos se instalaron en las oficinas de
la Corte acompañados por agentes de la PNC. Patrullas policiales amanecieron al
siguiente día rodeando la casa del destituido presidente de la Corte Suprema,
que bajo amenaza envió entonces su renuncia al cargo del que había sido depuesto
mediante el golpe legislativo. La matonería bukelista se impuso a la ley.
El Faro publicó un editorial titulado Así muere la
República, en el que reconocimos que este era un punto más bajo aún en nuestra
vida democrática que aquel amago de golpe al Congreso. Decíamos ya entonces:
"Al estilo de los grupos de crimen organizado, al régimen instalado por
Bukele ya no lo sujetan ni siquiera las limitaciones de la ley al ejercicio del
poder público: aquí, ahora mismo, él está por encima del marco jurídico. Él es
la ley y su Policía la impone. Por la fuerza. Que su fracción legislativa haya
empezado ya a legislar a su medida es un formalismo, la fachada de un nuevo
régimen. Aún sin esas nuevas normas, el Estado de Derecho hoy no existe en El
Salvador".
A nadie le sorprendió que la nueva Sala de lo
Constitucional, pocos meses después, emitiera su primera resolución avalando la
reelección, lo cual fue confirmado después por el Tribunal Supremo Electoral.
El ilusionismo seguía funcionando: la nueva Asamblea
instaló comisiones de cacerías de brujas contra todo crítico y opositor,
transmitidas por televisión, con el único objetivo de humillar a los
interpelados y reiterar la propaganda de que Bukele había llegado para castigar
a quienes antes que él dañaron al pueblo. Los diputados llegaron al absurdo de
citar al rector de la UCA para "investigar" si la universidad jesuita
no era una organización de fachada.
Mientras el circo movía las pistas, Bukele y su grupo
cerraron el control de todo el aparato estatal y el acceso a la información
pública. La destitución del fiscal permitió desmantelar la unidad especializada
que investigaba los casos de corrupción de su gobierno. El espionaje,
seguimiento y acoso a sus críticos arreció en este periodo, con la ayuda leal
de la PNC y el Ejército, y con poderosas herramientas informáticas como
Pegasus.
Vino entonces el esquema fraudulento del Bitcoin, en el
que con fondos públicos se crearon empresas privadas como Chivo y el presidente
Bukele en sus noches de insomnio aseguraba haber comprado millones de dólares
en Bitcoin sin que quedara registro ni de qué partida salían esos fondos ni por
qué un ciudadano –Nayib Bukele– disponía de ellos en su teléfono personal; ni
adónde se iban o negociaban los bitcoins comprados.
De paso, la Asamblea terminó con el último rincón de
independencia judicial, al reformar, otra vez de forma ilegal, la ley de la
Carrera Judicial y destituir de un plumazo a la tercera parte de los jueces del
país, reservándose la potestad de cambiar de tribunal a su antojo a los
restantes. El Faro entonces decretó en coma a nuestra democracia. Dijimos en
aquel editorial, hace un año: "Asistimos a pasos agigantados al fin de la
República y su sustitución por un clan familiar antidemocrático que utiliza el
Estado en su beneficio. Pero para que consigan sus objetivos son necesarios
funcionarios y burócratas indignos, oportunistas o corruptos que operen a su
favor, y una ciudadanía cegada por la propaganda".
No se recuperó la República de aquel momento. Ahora está
herida de muerte. Somos un país gobernado por un tirano que no encuentra
límites ni siquiera en la Constitución.
Lo único que separa hoy a Bukele de convertirse en
dictador es la inconstitucional reelección que ya ha anunciado. Ahora es un
presidente constitucional, aunque su ejercicio del cargo ya no lo sea. Pero en
2024, si repite mandato, será un dictador en toda regla.
El momento en que ha elegido anunciar su candidatura a la
reelección y convocar los aplausos de sus seguidores por violar la Constitución
ya habla mucho de la naturaleza de su ejercicio: estamos en el séptimo mes de
un régimen de excepción que ha llevado a la cárcel, sin garantías judiciales, a
sesenta mil personas, miles de ellas sin vínculo alguno con el crimen
organizado; en medio de la peor crisis financiera del país desde el fin de la
guerra, debido a la incapacidad de su gabinete, su necesidad populista de
gastar para mantener la popularidad, el fracaso de su apuesta por el Bitcoin y
el saqueo de fondos públicos perpetrado por Bukele y sus cómplices; y la
comunidad internacional repudia su corrupción y su irrespeto a la democracia,
las leyes y los derechos humanos.
El engaño es descarado: redujo primero las tasas de
homicidios mediante un pacto criminal con las pandillas; sus funcionarios
liberaron a líderes criminales encarcelados. Cuando el pacto se le vino abajo
aprobaron el régimen de excepción y las detenciones arbitrarias.
Entre los más de sesenta mil salvadoreños encarcelados en
estos siete meses de régimen de excepción, no hay un solo funcionario de la
administración Bukele acusado de corrupción, a pesar de que son públicas
abundantes pruebas de que muchos de ellos están directamente involucrados. Y
tanto: según las pesquisas del grupo especial de la fiscalía que investigaba la
estructura de saqueo del Estado, esta la encabezan los hermanos del presidente.
El rescate de la democracia no pasa ya solo por la vía
institucional y los ciudadanos no podemos seguir pretendiendo que la situación
del país es normal. Solo la oposición ciudadana, organizada y decidida, y el
apoyo de la comunidad internacional en su conjunto, que debe obligar al país a
cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, podrán frenar
pacíficamente la instalación de una dictadura en El Salvador en pleno siglo
XXI. Se acaba el tiempo para hacerlo.
https://elfaro.net/es/202209/columnas/26396/Bukele-anuncia-una-dictadura.htm
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