La compra de una camioneta con dólares falsos fue la punta de un siniestro ovillo que terminó, en Córdoba, con el descabezamiento de la División Drogas de la policía de esa provincia por presuntos vínculos con el narcotráfico, en lo que el periodismo ha calificado sin vacilaciones como el mayor escándalo policial relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Este caso, que estremeció a la gestión del gobernador José Manuel de la Sota, recuerda lo ocurrido a comienzos del corriente año con la policía de Santa Fe, en la que un alto jefe resultó acusado de vínculos con el narcotráfico al mismo tiempo que el periodismo revelaba la existencia de los llamados "chicos-soldados", reclutados por narcotraficantes en los asentamientos a cambio de dinero para servir de vigilantes armados en las casas donde se venden drogas o como sicarios en ajustes de cuentas.

Aun con las crónicas policiales en la mano cuesta creer el vertiginoso retroceso de nuestro país en este drama, al extremo de que poco a poco se impone la sensación de que hace ya bastante tiempo que nuestras autoridades se han rendido ante el narcotráfico, con el agravante de que lo hicieron sin luchar.

El mes pasado se cumplieron cinco años del asesinato de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, conocido como el triple crimen de los empresarios, en General Rodríguez. La aparición de sus cadáveres cerca de la ruta 24 sacó a la luz una oscura historia que combinaba efedrina, negociados, presuntos aportes a la campaña presidencial y también vínculos con la mafia de los medicamentos. Si bien hay cuatro condenados a prisión perpetua por esos crímenes, continúa prófugo el hombre a quien el fiscal Juan Bidone señaló como el autor intelectual del triple homicidio, Esteban Ibar Pérez Corradi, un empresario de la industria farmacéutica acusado de narcotráfico por haber introducido en los Estados Unidos 80 pastillas de un analgésico derivado del opio.

En medio de las investigaciones, el entonces intendente de General Rodríguez, Marcelo Coronel, ordenó que una topadora operara en el lugar del hallazgo de los cuerpos, pudiendo perderse pruebas a raíz de esta inconcebible directiva.

Se sucedieron también los crímenes ejecutados por sicarios al mejor estilo de sus similares colombianos y mexicanos. En forma simultánea, se volvieron cada vez más frecuentes las menciones de efectivos policiales y gendarmes en investigaciones judiciales y periodísticas sobre narcotráfico, pero no del lado de quienes los combaten sino de quienes son sus cómplices. Resulta sintomático que, en el polo opuesto, el jefe y el subjefe de la policía de Santa Fe, así como el ministro y el secretario de Seguridad de esa provincia hayan recibido recientemente amenazas de muerte de uno de los grupos de narcotraficantes que operan en Rosario. Hasta el 31 del mes pasado sumaban 147 los asesinatos verificados en esa ciudad que, de una forma u otra, se vinculan con el submundo de la droga. Por eso no debe extrañar que, según el último informe anual de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, nuestro país sea ya el tercer proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y de Colombia.

A todo ello se suma que han transcurrido ya 184 días en los que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) permanece acéfala desde la renuncia de su último titular, Rafael Bielsa, el 19 de marzo último.

Estos y tantos otros datos similares conforman una pesadilla porque, como dijimos, las autoridades nacionales no sólo no reaccionan sino que parecen haber bajado los brazos. Por lo tanto, es la sociedad la que debe forzarlas a la acción antes de que sea irreversible el avance de la droga tanto desde el punto de vista de la adicción como de su comercio clandestino y su contrabando, con todos los crímenes conexos.