Por todo esto cuesta aceptar este cruce de desmentidos como prueba suficiente de que Eguiguren no está hablando por boca de otros, ni ejecutando sacrificadamente la segunda parte del proceso de negociación con ETA. El dato de que algunos de sus principales dirigentes están libres —Josu Ternera, Díez Usabiaga, Iñaki de Rentería— se suma a la libertad y el convencimiento con el que Eguiguren se está conduciendo en este asunto. No resulta verosímil que el principal dirigente del socialismo vasco insista en legalizar a Batasuna sin que cuente con algún tipo de aval superior. Y si no lo tiene, es entonces absolutamente necesario que Zapatero desautorice pública e inequívocamente las gestiones y las propuestas de Eguiguren, que confirme que la derrota incondicional de ETA es el único final admisible para la banda terrorista y que no hay opción a más diálogos y negociaciones. Tras el bienio negro de postración ante ETA entre 2005 y 2007, la sociedad española no acepta más cese de la violencia que el que resulte de la derrota de los terroristas. Y esta derrota implica también la de sus testaferros políticos de Batasuna y del sindicato LAB. El Gobierno tiene el consenso de la sociedad y del Partido Popular para poner a ETA de rodillas ante las víctimas, pero no para sentarla de nuevo en torno a una mesa de negociación. Y el mejor homenaje que se le haría a las víctimas sería el de expresar claramente el compromiso del Ejecutivo de no abrir más mesas de diálogo.