Todo este tiempo, mientras el presidente de la República, sus ministros, sus diputados y sus “voceros” acusaban a organizaciones, defensores de derechos humanos y periodistas de “defender pandilleros”, ellos pactaban con las estructuras criminales al grado que, tal como lo confiesa Marroquín en el audio, liberaron a líderes de pandillas que deben condenas en El Salvador y son solicitados por Estados Unidos para extradición. Marroquín confiesa que él personalmente liberó a Élmer Canales Rivera, alias el Crook de Hollywood, y lo transportó a Guatemala.

Los pandilleros de la MS-13 capturados en marzo, en un operativo que marcó el fin del pacto con Bukele, se transportaban en un carro oficial y con un empleado público como conductor.

Con tal de aparentar eficiencia en el combate a la criminalidad y justificar el aumento de fondos para la policía y el ejército, Bukele puso el estado al servicio de los pandilleros, a cambio de que le permitieran presumir días con cero homicidios. Son las pandillas, y no el estado, quienes han disminuido las cifras de homicidios. Y así como pudieron cerrar la llave de los asesinatos, así la abrieron cuando Bukele rompió el pacto.

Hay nueva evidencia de que desde que fue alcalde de San Salvador, el presidente, cuyo seudónimo era “Batman”, hablaba directamente con Marroquín y conocía los movimientos importantes en torno a las negociaciones con la Mara Salvatrucha-13. Es difícil imaginar que un hombre como Bukele, que exige lealtad incuestionable, no haya aprobado cada paso fundamental de las fracasadas negociaciones.

Las consecuencias de su juego macabro no han terminado. Urgido por tapar el fracaso de su plan de seguridad, que no era otro que su pacto criminal, Bukele decretó un régimen de excepción y ordenó detenciones masivas. Más de 30 mil personas han sido detenidas en casi dos meses. ¿Pandilleros y criminales? Muchos, a juzgar por la información proveniente de la Policía y la Fiscalía, lo son. Pandilleros que han vivido libres durante tres años amparados por el pacto y que ahora, que se ha roto, han sido capturados. Pero muchos no lo son. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención de inocentes y la aplicación de torturas. Hay detenidos políticos, entre ellos sindicalistas y críticos con el gobierno, entre ellos un locutor comunitario que denunciaba por su radio la detención arbitraria de su hermana. Las demandas por abusos del Estado se multiplican todos los días y una docena de personas han muerto bajo custodia policial. Más muertes a la cuenta de Bukele.

Si antes necesitaba tasas bajas de homicidios para aparentar eficiencia en la seguridad pública, ahora necesita cifras de detenidos, a toda costa, para demostrar su mano dura. Es evidente lo que hay en común entre estas dos etapas: la ausencia del estado de derecho, la mentira consuetudinaria como base de la estrategia política de un presidente criminal, la impunidad de sus funcionarios y la utilización de todo el aparato de Estado a favor del grupo en el poder y no de sus ciudadanos. Y para eso necesita cerrar las posibilidades de que alguien exponga el pacto criminal.

Coincidiendo con la aprobación del Régimen de Excepción, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley mordaza para criminalizar información relacionada con pandillas. La censura legalizada justo después de que ese pacto, del que ya tenían conocimiento, se rompiera y el país recogiera 87 muertos en la peor matanza de lo que va del siglo.

La ley advierte contra la publicación de mensajes o símbolos de pandilleros que causen “zozobra” a la población, una ambigüedad suficiente para que un juez controlado por el mismo Gobierno decida qué es publicable y qué amerita penas de prisión de hasta 15 años.

Como lo demuestra nuestra publicación de los audios de Marroquín, las autoridades delegadas por los salvadoreños para administrar el Estado han actuado a espaldas de la ciudadanía y beneficiado a estructuras criminales. Hay también una explicación del asesinato de 87 personas. Esto es de interés público, que es la materia del periodismo. Ya la Constitución protege el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Si la fiscalía quiere perseguir delitos, que comience por funcionarios públicos y pandilleros involucrados en el pacto criminal. Todos ellos se han manchado con sangre. En un estado de derecho, serían ellos los investigados y procesados. Pero eso no cabe ahora esperarlo de un sistema totalmente controlado por el presidente, que es quien ha estado al frente del pacto criminal.