El Presidente, tal vez por las urgencias, seguro por lo inédito del caso, aprovechó un vacío estructural legal que le permite, en esencia, hacer uso de las fuerzas armadas como se le dé la gana, y los verdes, como siempre, han obedecido.

Pero a pocos escapa que las actividades de las fuerzas armadas el día de hoy, en los operativos “conjuntos”, viven en un vacío jurídico que los hace, más de una vez, pisar el terreno de la ilegalidad. En Ciudad Juárez, en Michoacán, en Sinaloa, en Tijuana; en aquellas zonas calientes del país donde no es extraño que un policía de tránsito tenga como escolta a un soldado mexicano; donde los soldados arrestan, catean, investigan… no hay un marco legal en el cual poner sus actuaciones.

Tres años después del inicio de esta guerra, el esfuerzo de reconstrucción de las instituciones civiles policiacas y de procuración de justicia ha resultado, seamos generosos, un fracaso. El señor que se va premiado a Londres ha dejado una PGR tambaleante por ineficaz; el secretario de Seguridad Pública no ha podido sacar un solo policía de confianza. La incapacidad institucional, la falta de recursos, la indecisión de Ejecutivo y Legislativo han resultado que no tengamos una nueva policía, o una nueva policía, tanto que a la mitad del camino se le ocurre al ingeniero García Luna que mejor las municipales no (esas que viene renovando hace tres años), que mejor puras estatales…en fin, el caos.

Porque, querido lector, no hay que confundirse, la mayoría, la inmensa mayoría de esos muchachos que ve usted de azul con la leyenda Policía Federal en la espalda, fueron formados por el Ejército y prestados con opción a compra a la Secretaría de Seguridad Pública. De la misma manera que les han prestado a comandantes operativos, secretarios de Seguridad Pública municipales y estatales. La guerra contra el narcotráfico se ha peleado con los verdes, aunque se vistan de otros colores.

El resultado obvio es que las fuerzas armadas están en la mira.

El Ejército es la espada del Estado, me dijo un militar hace algún tiempo, y no se saca la espada para hacer cosquillas. Sin el entrenamiento necesario para hacer trabajo de seguridad pública, sin las herramientas legales; las historias de militares metidos en líos y en abusos a población civil se multiplican.

Las fuerzas armadas están entrampadas. Por un lado, no pueden decir que no a una orden de su jefe supremo, por el otro, las acciones a los que los han conminado, los ponen en riesgo de violentar el marco legal y en ocasiones particulares a meterse en líos de abuso de derechos humanos. El Ejército está preocupado.

Desde Febrero, el general secretario pidió a los legisladores actualizar el marco legal y en abril, a unos días del fin de la sesión ordinaria, el Presidente envió al Congreso una iniciativa de ley de Seguridad Nacional.

En un folleto de la iniciativa editado por la Sedena explica que ésta “clarifica y precisa el empleo de todos sus recursos incluyendo las fuerzas armadas para atender una afectación de la seguridad interior”.

En su parte medular, la iniciativa pretende hacer de la decisión de utilizar al Ejército en tareas policiacas una decisión de Estado en la que participen más poderes que el Presidente. Dice el folleto de la Sedena: “Se elimina la posibilidad de discrecionalidad para establecer las condiciones con las cuales se determinan los riesgos y amenazas a la seguridad anterior”.

De ser aprobada, sacar al Ejército a las calles no será tan sencillo: el procedimiento comenzaría cuando un municipio, estado o la federación piense que hay una afectación a la seguridad interior y emita una solicitud para su atención. El Consejo de Seguridad Nacional integraría un expediente y se analizaría con base en la magnitud de la afectación, las capacidades de las instituciones competentes, información de la percepción de la población sobre el problema… Entonces se pasaría a una Comisión Bicamaral del legislativo que daría su opinión, que se incluiría en una recomendación final del Consejo de Seguridad Nacional que enviaría una recomendación al Presidente, que entonces decide y se informa a las organizaciones de protección de los Derechos Humanos.

Conocedores como nadie de lo que está pasando en el terreno de la guerra contra el narcotráfico, de lo que se hace y no se hace, los militares mexicanos quieren, piden apoyo en manera de un marco legal. Como me dijo alguno de ellos, aquí nadie quiere que le toquen a puerta en diez, veinte, treinta años para quejarse. La iniciativa está en la congeladora.

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