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28/09/2009 | Honduras - El camino de la violencia

Fernando Ochoa Antich

La sorpresiva presencia de Manuel Zelaya en Tegucigalpa, con el indiscutible respaldo del gobierno del Brasil, ha vuelto a colocar la crisis hondureña en un primer plano internacional. No es fácil explicar lo que está ocurriendo.

 

Rompe totalmente las tradiciones diplomáticas y muchos de los principios que han orientado el Derecho Internacional. La situación se hace aún mas complicada con la posición de rechazo, a la interrupción del orden constitucional en Honduras, mantenida por los presidentes de América Latina durante la Asamblea de las Naciones Unidas. La actuación de Hugo Chávez es un caso aparte. Venezuela se ha transformado en un instrumento de desestabilización en nuestro continente. Justamente, la crisis hondureña surge fundamentalmente por el interés de la revolución bolivariana de expandir su marco de influencia en Centroamérica. Eso es innegable. No es un secreto que el apoyo de Hugo Chávez a las ambiciones de Manuel Zelaya fue la causa que produjo la crisis política hondureña. Lo inexplicable es que los presidentes de América Latina, entre ellos Lula Da Silva, no acepten esta realidad y crean que la solución de la crisis sólo se puede lograr provocando el derrocamiento del gobierno de Roberto Micheletti.

Yo no apoyo el golpe de Estado en Honduras. Siempre he creído que el respeto al hilo constitucional debe ser sagrado. La experiencia latinoamericana así lo señala. Hubiese sido más conveniente para el destino del pueblo hondureño que sus instituciones hubiesen enjuiciado a Manuel Zelaya. Eso es verdad, pero es imposible negar que su actuación, al intentar establecer la reelección presidencial, era claramente violatoria de los artículos 4 y 374 de la Constitución Nacional hondureña que afirman lo siguiente: "la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria". "No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República…". De la lectura de estos artículos queda claro que las Fuerzas Armadas hondureñas, al detener al presidente Zelaya, actuaron dentro del espíritu de la Constitución Nacional y en cumplimiento de una orden judicial. El error fue exilarlo y no someterlo a juicio. El general Romeo Vásquez Velasco no podía obedecer la orden presidencial, ni permitir una violación flagrante de la Constitución Nacional, sin convertirse en cómplice del delito de traición a la patria.

Esta realidad no puede negarse. Es inaceptable que un número importante de países de América Latina enjuicien la actuación del gobierno provisional sin considerar estos antecedentes. Además, el principio de no intervención en los asuntos internos de cada país debería limitar sus actuaciones. Es verdad, que la Carta Democrática, aprobada por la OEA, establece un conjunto de sanciones en contra de aquellos gobiernos que surjan de un golpe de Estado, pero el caso hondureño es distinto. Fueron sus propias instituciones nacionales las que dieron solución a la crisis política provocada por la actuación equivocada de Manuel Zelaya. Esa solución debería ser ratificada mediante la voluntad popular a través de unas elecciones. El colmo de los colmos, es que se busque deslegitimar esta consulta por ser convocada por el gobierno provisional. Un verdadero absurdo. La voluntad popular va a quedar expresada con el resultado electoral. Esta total falta de flexibilidad, sólo puede conducir a un proceso de violencia de consecuencias impredecibles. Los presidentes latinoamericanos deberían reflexionar sobre los riesgos que existen de continuar por ese camino. Rechazar las presiones que sobre ellos tratan de ejercer los intereses de Brasil y Venezuela sería lo prudente.

Un punto que no llego a entender es la actuación de Celso Amorín. Lo conocí en mis tiempos de canciller de Venezuela. Pude valorar sus condiciones de inteligente diplomático. Es imposible creer que Manuel Zelaya se haya presentado a la Embajada del Brasil en Honduras sin previo conocimiento del gobierno del presidente Lula da Silva. ¿Valoró con suficiente objetividad la cancillería brasilera las posibles consecuencias de una acción tan aventurera? Itamaraty siempre ha tenido prestigio por su profesionalismo y por su capacidad para establecer políticas de Estado, en base a los intereses nacionales del Brasil y no de un gobierno determinado. Si esa acción la hubiera realizado Hugo Chávez no produciría extrañeza, pero que Lula Da Silva arriesgue su prestigio de estadista es inexplicable. Dios quiera que no se derrame sangre inocente del pueblo hondureño. La responsabilidad histórica del Brasil sería inmensa.

fochoaantich@hotmail.com

El Universal (Ve) (Venezuela)

 


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