Una de las supuestas principales reformas de la nueva Constitución boliviana fue la introducción de la elección directa de los altos magistrados por voto popular, lo cual efectivamente se concretó en octubre de 2011. A pesar del rechazo ciudadano mayoritario, que en un 60% votó blanco y nulo en estos comicios, debido a la percepción generalizada de que la gente tuvo que votar entre candidatos afines al oficialismo, estos son los jueces que hoy dirigen el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y otros altos tribunales del Estado.

No obstante, la mencionada red ejerció un poder absoluto sobre jueces y fiscales. Estos han admitido que fallaban en función de las instrucciones que recibían. Temían ser procesados y encarcelados si no cumplían estas órdenes, situación que llegó a producirse cuando no aplicaron medidas drásticas en algunos casos de persecución política.

El resultado es que los problemas de la justicia no solo no se han superado, sino que se han profundizado. Se ha destruido lo poco de institucionalidad que se había construido. Los méritos personales y profesionales, como base de la carrera judicial, han desaparecido casi por completo y han sido remplazados por la obsecuencia al partido de gobierno. Con esto, el MAS (Movimiento al Socialismo) pierde nuevamente otra de sus banderas fundamentales: la lucha contra la corrupción y la recuperación de la justicia. Los más vilipendiados políticos del sistema antiguo de partidos quedan pequeños ante los abusos cometidos por esta red de extorsión que hoy ocupa las noticias. Aquellos partidos nunca concentraron tanto poder ni pudieron ejercerlo tan discrecionalmente como este grupo de abogados gubernamentales.

Una verdadera y real reforma de la justicia continúa siendo una tarea pendiente y uno de los principales desafíos de la nación, si queremos construir un estado democrático que cumpla una de sus misiones fundamentales: preservar la libertad y los derechos de sus ciudadanos.