La persecución política en Bolivia se ha intensificado desde la reelección de Evo Morales. Gobernadores y alcaldes suspendidos ante la sola apertura de la causa, otros acosados judicialmente por los innumerables procesos que se les inicia desde el oficialismo. El resultado, un país donde la gente vive entre la inseguridad y la indefensión, lo que también afecta la economía, estancada por la falta de seguridad y confianza.
La persecución judicial alcanza a líderes opositores de toda Bolivia. En La Paz, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue enjuiciado, su casa fue asaltada por grupos afines al gobierno del MAS y su familia golpeada. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, el ex candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina y el ex aliado del gobierno, Juan del Granado, también han sido enjuiciados. En Pando, la ex presidenta del Comité Cívico, Ana Melena y otros cien ciudadanos han sido reconocidos como refugiados políticos en Brasil. También, el senador Roger Pinto y el ex senador Paulo Bravo, han sido amedrentados con juicios.
En Tarija, el gobernador Mario Cossío ha sido suspendido de su cargo, actualmente tiene asilo político en Paraguay; varios de sus colaboradores han sido privados de libertad y otros están siendo procesados. El alcalde de Tarija, Oscar Montes, también enfrenta procesos orientados a su suspensión. En Sucre, el alcalde Jaime Barrón ha sido obligado a renunciar de su cargo por el acoso judicial, el cual también sufren la ex gobernadora Sabina Cuellar y el presidente del Comité Cívico John Cava. En Potosí, el alcalde René Joaquino, ha sido suspendido de su cargo y en Oruro la actual alcaldesa, Rocío Pimentel, está a punto de sufrir la misma suerte.
En el Beni, el actual gobernador Ernesto Suarez, se enfrenta a una evidente conspiración del MAS para suspenderlo de su cargo y en Cochabamba, referentes de la oposición como el ex diputado Arturo Murillo y la actual concejal municipal, Ninoska Lazarte, también enfrentan la persecución judicial.
En Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas, enfrenta varios juicios, la mayoría de ellos por haber hecho críticas a autoridades del gobierno del MAS. Perseguir a los que hacen crítica es una figura penal que ya no existe en los Estados que respetan los derechos humanos. La presidente del Concejo Municipal, Desiree Bravo, fue privada de su libertad al igual que Alcides Villagomes, presidente de la Asamblea Legislativa. El alcalde de Buena Vista, Bladimir Chaves, se encuentra en prisión desde hace cinco meses. El alcalde de Cotoca, Wilfredo Añez, también fue privado de libertad. Los alcaldes de la Guardia, Jorge Morales y de Camiri, Gonzalo Moreno han denunciado ser víctimas del acoso judicial para suspenderlos. Así también, el cívico Branko Marinkovic y el empresario Humberto Roca se han visto obligados a exiliarse. Peor aún, existen más de veinte presos políticos sin juicio.
Quien más sufre es el pueblo. Mientras las autoridades se ocupan de perseguir a quienes piensan diferente, los problemas no se solucionan, la economía se deteriora y la inseguridad se multiplica.
Este artículo fue publicado originalmente en El Deber (Bolivia) el 25 de mayo de 2011
