El referendo es un mecanismo constitucional de la democracia directa en el cual todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar y decidir; por tanto, es una de las máximas expresiones de la soberanía popular y nadie puede atribuirse el poder de desconocer su resultado, ni siquiera la Asamblea Legislativa o el Tribunal Constitucional. En el referendo del 21F, el pueblo votó y decidió. Todo intento de interpretación constitucional o legislativa es nulo de pleno derecho.

Coherentemente, el artículo 15 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral define el carácter vinculante de las decisiones adoptadas mediante referendo y señala textualmente que: “tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”. El carácter vinculante implica que no se puede repetir la misma consulta, por lo menos en el mismo periodo constitucional, ¿si no, cuándo sería aplicado este resultado?

Al mismo tiempo, el artículo 2, inciso k), de la misma ley define el principio democrático de preclusión señalando que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. En su artículo 190 define que la preclusión de los procesos significa que “los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no pueden ser anulados por ninguna causa ni ante ninguna instancia”.

Esgrimir que el pueblo votó engañado por una mentira es arrogarse la soberanía popular, puesto que cada persona votó de manera individual y secreta; por tanto, nadie puede pretender conocer las innumerables combinaciones de factores y circunstancias que determinaron la decisión de cada uno de los millones de ciudadanos que emitieron su voto el pasado 21 de febrero.

Intentar repetir un referendo hasta conseguir el resultado que buscan quienes gobiernan destruye las bases fundamentales de la democracia y es tan ilógico como pretender que se repita una elección hasta que gane el candidato oficialista, o repetir la final de un campeonato deportivo hasta que gane el equipo local. Si en una democracia no se respetan los resultados del voto simplemente no existe democracia.

El MAS está enredado en sus propias trampas. La pregunta sometida a referendo constitucional aprobatorio señalaba que, "por Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025. SI _ NO". Esta aclaración a la pregunta original, que pretendía dejar fuera de discusión que Evo Morales y Álvaro García pudieran reelegirse para un cuarto periodo, hoy se les vuelve en contra, dado que la decisión del 21F niega a ambos la posibilidad de postularse a una nueva reelección de forma continua.

Por último, si el presidente renunciara antes de terminar su mandato, esto no implica que tuviera derecho a postularse nuevamente, debido a que el mandato continuaría y sería ejercido por el vicepresidente; entonces resultaría simplemente una decisión personal de no terminar el mandato para el cual fue electo. No existe ningún acortamiento de mandato.

El único camino que tiene el MAS es buscar otro candidato, cualquier otro camino resultaría una grave ruptura del orden constitucional en Bolivia. No existe ninguna forma o camino constitucional para que Evo Morales se postule a una nueva elección en 2019.