Esta es una actitud abusiva e intimidatoria ejercida por el gobierno nacional a través del propio presidente del Estado. No solo ello, es una acción ilegal que viola las garantías a las libertades civiles establecidas en la Constitución boliviana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.

Pareciera que un escenario de violaciones permanentes a los derechos humanos por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo, la opinión pública pasa con cierta indiferencia esta tipo de hechos, que tienen un profundo impacto sobre el estado del respeto a las libertades que deben gozar los ciudadanos de una nación democrática. No puede ser así. Estos hechos deben ser investigados, procesados y penalizados para evitar que se legalicen por la práctica estatal.

En efecto, acostumbrados a la máxima presidencial de actuar y que los abogados después arreglen las cosas, los ministros de Estado han salido a explicar que no se escucharon las llamadas sino que simplemente se las registraron, que se lo hizo en función de una solicitud fiscal en el marco de una investigación de una denuncia presentada por el gobierno ante el Ministerio Publico. Descubiertas las cosas, no existe ni proceso penal ni investigación del Ministerio Publico sobre la marcha de los lideres indígenas de la marcha del TIPNIS sino sobre otros dirigentes que promovieron las marchas en la ciudad de La Paz, cinco meses atrás, a cientos de kilómetros de la actual marcha y con un motivo distinto, el aumento salarial.

En estas circunstancias, no existe forma de justificar la actitud presidencial ni la acción de los organismos de seguridad del Estado. No solo se habrían registrado las llamadas de los líderes indígenas sino la de sus familiares. Si fuera verdad que estas llamadas existieron, con el simple registro, sin escucharlas, el gobierno concluyo que actuaban bajo instrucciones de gobiernos extranjeros. Se difamo y mello la dignidad de estas personas sin prueba ni responsabilidad alguna.

Nuevamente se acude al linchamiento moral de quienes en algún momento asumen una posición crítica, disidente u opositora al MAS, como una forma de amedrentamiento sistemático y sobre todo, como una señal al conjunto de los ciudadanos para disuadir a todo a quien se atreva a enfrentar al partido de gobierno.

No podemos quedar indiferentes. Si queremos que nuestros derechos y libertades sean respetados, debemos expresar nuestra protesta y condena a estas violaciones, asumiendo una defensa de los derechos humanos por principio y no por coyuntura o intereses particulares.

Este artículo fue publicado originalmente en El Deber (Bolivia) el 31 de agosto de 2011.