La violenta represión contra la marcha indígena del TIPNIS, implica un grave atropello a los derechos humanos de los marchistas que afectan profundamente las bases de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia. Su fracaso en acabar con el movimiento que se opone a la construcción una carretera por el centro del Parque Nacional y Territorio Indígena isiboro Secure, el repudio a la represión ejercida y el apoyo de la opinión pública a las víctimas de la violencia estatal marcan un nuevo punto de inflexión en la capacidad del gobierno del Movimiento al Socialismo de imponer sus medidas y aplicar sus métodos de control de la sociedad.
Los sucesos del 25 de septiembre son el corolario de una serie medidas gubernamentales que atentan contra las garantías democráticas y los derechos humanos de los ciudadanos en general y, en esta caso, de los pueblos indígenas. El organizar una vez más a grupos de campesinos afines al gobierno para impedir que los marchistas puedan avanzar hacia la sede de gobierno, es una medida temeraria que solo podía terminar en confrontación.
Las medidas de hostigamiento permanente como decomisar víveres, agua y vehículos que llevaban vituallas a la marcha, además de ilegales y abusivas, obviamente elevaban la tensión. Enviar policías para que cerquen la marcha indígena bajo el pretexto de evitar choques con los campesinos implicaba un nuevo episodio de palomas contra escopetas. La marcha indígena es una forma de protesta pacífica y democrática que debía recibir todas las garantías para transitar libremente por el territorio nacional.   En todo caso, los campesinos que bloqueaban la carretera son quienes debían ser disuadidos de su medida para evitar cualquier confrontación.
Finalmente, la violenta intervención de la marcha, sobrepasó todo límite de acción estatal enmarcada en la Constitución y la ley. Las escenas transmitidas por la televisión de líderes indígenas siendo golpeados por una decena de policías, amarrados, arrastrados y amordazados con brutalidad y sin ninguna contemplación para las mujeres, además de la separación que muchas madres sufrieron de sus hijos, han impactado profundamente en la opinión pública.
Las responsabilidades nuevamente corresponden a las instancias más altas del gobierno del presidente Evo Morales. Las excusas de responsabilizar a los fiscales por la decisión de intervenir la marcha y a los policías por la violencia practicada han quedado desmentidas. El fiscal general ha indicado que el Ministerio Publico no requirió la intervención y la Ministra de Defensa renuncio aduciendo su total desacuerdo con la decisión del Gobierno de intervenir la marcha y la violencia practicada, constituyendo una prueba muy grave y una acusación directa sobre la responsabilidad de esta medida.
Bolivia se encamina a un escenario de polarización y alta conflictividad social. Las gravísimas violaciones a los derechos humanos y el atropello a las garantías democráticas continuararán generando confrontaciones y reacciones contra el uso de la fuerza estatal que llevaran al país a debatirse entre un mayor autoritarismo y la ingobernabilidad.
*Ex presidente del Senado Nacional