Aunque aclaró que el presidente le señala que hay que pasar por alto estos hechos, estas declaraciones de una autoridad tan importante logran su cometido: crear un ambiente de temor que induzca a la autocensura, lo cual constituye un atentado contra la libertad de expresión que limita gravemente los derechos de los que los ciudadanos debemos gozar en una democracia.

Personalmente, no estoy de acuerdo en insultar a las máximas autoridades del Estado, peor aún utilizando el anonimato que proporcionan las redes sociales. Además, creo que este tipo de actitudes no solo ayudan a quienes se ataca, sino que distraen la atención de la opinión pública de los problemas de fondo de la democracia y de la sociedad boliviana. Sin embargo, no creo que tal comportamiento constituya un delito que deba ser perseguido, excepto cuando se cae en difamación, para lo cual existen los recursos judiciales correspondientes.

Tampoco creo que todos los usos que se hacen de Internet sean buenos. Objetivamente, este es mal utilizado por muchas personas, como cuando violadores buscan víctimas, cuando se acosa a niños –incluso por otros niños– causándoles graves daños psicológicos. En el mundo moderno habrá que ir buscando soluciones para minimizar estos abusos y malos usos.

No por ello se debe buscar utilizar aparentes buenas intenciones para limitar la libertad de expresión de la que goza la ciudadanía para transmitir y debatir su sentir sobre los problemas de la sociedad. Afortunadamente, es tan amplio el abanico de posibilidades que ofrecen hoy las redes sociales para comunicarse que es casi imposible controlar a la opinión pública que se expresa por estos medios.

Las autoridades de Gobierno conocen esta realidad y saben que su capacidad de controlar la Internet es muy limitada. Pareciera, más bien, que este tipo de declaraciones va dirigido a esa minoría de ciudadanos comunes y líderes de opinión que aún se animan a expresarse personal y abiertamente desde una posición crítica a quienes ejercen el poder nacional. No solo por Internet sino por los medios de comunicación audiovisual, radial y escritos, haciendo saber que el aparato del Estado está vigilándolos, con la advertencia implícita de que serán incluidos en la lista de enemigos del partido oficialista, con las consecuencias consiguientes.

Esto es lo que no podemos aceptar. Que se acepte como normal un ambiente de temor generalizado que lleve a las personas, a los periodistas y a los propios medios de comunicación a renunciar a la libertad de pensamiento, a la crítica y al debate público, a la independencia informativa sobre los problemas del Estado y de la sociedad, por el miedo a estar observados y sufrir represalias. En un Estado en el cual los límites y equilibrios democráticos prácticamente han desaparecido, la opinión pública se convierte en el factor determinante para evitar mayores abusos y, finalmente, crear las condiciones para la alternancia.

Expresidente del Senado de Bolivia