El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) sufre las mismas medidas que impulsó desde la oposición contra los anteriores gobiernos y experimenta una clara pérdida de autoridad sobre los propios sectores populares que lo llevaron al poder.

La Fundación UNIR informó de que durante 2011 se registraron en Bolivia más de 1.300 conflictos. El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, otra ONG que realiza el seguimiento de conflictos, ya había alertado que en 2010 se habían registrado más de 800 conflictos. El país retorna a los niveles de conflictividad y falta de autoridad estatal que experimentó entre 2000 y 2005, cuando Evo Morales y su partido, el MAS, eran oposición; dichos niveles se superaron entre 2006 y 2009, la primera gestión de su Gobierno, cuando estos sectores se sentían en el poder y por lo tanto no marchaban contra él, sino en su apoyo, especialmente para imponer la reforma constitucional que permitiese la relección presidencial.

La realidad es que hoy La Paz sufre nuevamente por los constantes cortes de sus calles por todo tipo de manifestaciones sectoriales. Santa Cruz padece los permanentes bloqueos de carreteras por las que circula la mayor parte de la producción nacional, lo que afecta a la economía boliviana en su conjunto. Cochabamba experimenta prolongados bloqueos de sus principales vías por conflictos de límites entre los municipios vecinos de su ciudad capital, además de conflictos entre departamentos vinculados a las expectativas de aprovechamiento de recursos naturales como los suscitados entre Potosí y Oruro y entre Chuquisaca y Tarija, además de otros, como los conflictos por la destitución de autoridades municipales y departamentales.

Paradójicamente, este descontrol de los conflictos y pérdida de autoridad estatal se genera cuando el gobierno del MAS ha logrado concentrar todo el poder estatal, con el control pleno de todos los órganos del Estado, teniendo en sus manos la definición de lo que es legal mediante la combinación de la sumisión del Poder Legislativo y la justicia, y unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuyos altos mandos participan en los congresos del partido oficialista.

Todo este aparato solo es efectivo contra la oposición institucional, cada vez más acosada, pero enteramente inefectivo contra la movilización social de sectores a los que el MAS llevó en el pasado a tomar este mismo tipo de medidas, como vimos recientemente en la toma de campos petroleros por campesinos productores de arroz, algo que no había sucedido ni en los momentos de mayor debilidad de gestiones anteriores. La centralización impulsada por el MAS empeora la situación, pues prácticamente todos los conflictos se vuelven responsabilidad nacional.

El estado de ánimo de la sociedad boliviana está cambiando profundamente y determinará el curso de nuestro futuro cercano.