Sin condena ni restricciones para su propagación, las pandillas juveniles, como la MS 13 y M18 aprovechan la confusión de las realidades delictivas. Así, operan en el Triángulo Mara Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) sin reparo alguno porque saben, a ciencia cierta, que los encargados de velar por la seguridad de sus respectivos países, aún no saben de qué manera combatirlas.


Sea desde la gestación de la pandilla, pasando por el período de transición a la Mara y su posterior desprendimiento de los coptadores Zetas, Kaibiles u otras organizaciones estructuradas para aniquilar a gran escala, los pandilleros metamorfosean sus conductas. Cambian su habitual estética de característico tatuaje y desde la perversión, tiran a sus víctimas en temibles y condenables fosas comunes.


Víctimas que pueden o no haber tenido contacto con pandilleros. Los cuales, en estas instancias, ya se reúnen por cuestiones que van más allá de la necesidad de encontrar un sentimiento de pertenencia colectivo. Es decir, desde la conformación de las pandillas en la década del ’60 hasta la fecha, los procesos urbanos y los movimientos migratorios cambiaron la perspectiva inicial, al igual que la dinámica grupal.


El tráfico de información mediático, así como la divulgación de su existencia a través del boca en boca cambiaron la distribución interna del poder. Y se facilitó, ante la creciente corrupción, el acceso a una industria armamentista que se va sofisticando a medida que se crece en la carrera del crimen organizado.


Se observa que los motores de unidad están sujetos a una construcción subjetiva individual que tiene que ver con las condiciones socio económicas de cada quien, más una predisposición congénita a la delincuencia que prácticamente no se baraja en los informes sobre la problemática juvenil que comienza desde la temprana edad con una tendencia a convertir en víctima al menor victimario.


Se inicia un conteo fatal de muertes que se divide entre aquellos que quieren salir de la pandilla sin el respaldo de agrupaciones narcoterroristas; los que no cumplen con el pedido del “jefe” de la banda que por lo general consiste en asesinar a un miembro de la pandilla rival; y los simples transeúntes que se han resistido a un robo u otro delito haciéndole frente al pandillero.


Todos ellos, sin discriminación de hechos, terminan en fosas cavadas por los recién llegados a las pandillas y con el tétrico conocimiento de saber, que si no cumplen con sus “obligaciones” y las reglas dispuestas en la iniciación, ese será su destino.


"Cuando ellos sospechan que alguno de sus miembros activos o una persona cualquiera tiene el más mínimo contacto con la policía, por ejemplo, o algún tipo de vínculo con los rivales, la orden es matar", dice a BBC Mundo Óscar Torres, fiscal jefe de la Unidad Antihomicidios.


Son masivas las denuncias de desparecidos que se han formulado en los últimos tres años y que no han tenido, en su mayoría, una resolución satisfactoria o de mera identificación. Es que las cifras de los integrantes de las pandillas ya es casi imposible de sacar. No hay registros que ubiquen y separen a las Pandillas de las Maras, puesto que por un lado no hay una verdadera conciencia de la problemática y por otro lado, la confusión es funcional para el manejo de los fondos destinados a la seguridad. Situación que se da, fundamentalmente, en el triángulo embrionario de América Latina (Argentina, Uruguay y Chile).


Tres países en avanzado progreso de barbarie. Y que en el caso particular de Argentina encuentra su peor proyección en el Norte del país y crudamente, en la Provincia de Buenos Aires. Espacio de disputa de poder desde arriba y desde abajo por la formación de bandas locales alineadas por exonerados de la policía bonaerense; por narcos que arriban al país como consecuencia de la permeabilidad fronteriza; y por integrantes de Maras Centroamericanas que vienen a plantar sus modos de operación en un territorio que internacionalmente se conoce como liberado.