Los médicos aseguran que los adictos tienen que tocar fondo antes de encontrar la voluntad para cambiar sus comportamientos. Puerto Rico, que vivió alucinando durante la última década con el dinero barato de los prestamistas estadounidenses, podría estar cerca del fondo. La triste situación de sus cuentas fiscales sólo se comprara con la de su economía, que también está hecha trizas. ¿No les recuerda a Detroit?

Este sería un buen momento para intentar ser honestos sobre lo que ha causado esta desesperación. Pero hasta el momento, la clase política de Puerto Rico parece más inclinada a dejar a sus prestamistas en el aire y continuar como si no hubiera pasado nada.

A fines de junio, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó una ley que permite la reestructuración de más de US$19.000 millones de deuda de los monopolios estatales de electricidad, agua y autopistas de la isla. La ley sorprendió al mercado de bonos municipales porque Puerto Rico tiene una fuerte tradición de respaldar la deuda de los monopolios públicos cuando es necesario.

La Autoridad de Energía Eléctrica —AEE, conocida en inglés como Puerto Rico Electric Power Authority, o Prepa— ha sido un problema particularmente recurrente debido a los robos, la incapacidad de los grandes clientes como las entidades del Estado para pagar sus cuentas y el alto precio del petróleo, que es usado como combustible. No obstante, a medida que los gastos del gobierno han superado los ingresos por casi una década, se ha hecho más difícil robar a Sutano para pagarle a Mengano. Recientemente, la compañía tuvo que acudir a su cuenta de capital para pagar su deuda de petróleo.

La nueva ley de reestructuración pudo haber tenido la intención de asegurarles a los bonistas que Puerto Rico está salvaguardando los fondos necesarios para pagarles a ellos primero. Sin embargo, el 30 de junio, Moody's Analytics dijo que en su parámetro de "expectativa de cesación de pagos" a un año, Puerto Rico sigue por encima de Argentina, Venezuela y Ucrania.

Las firmas de inversión Franklin Templeton y OppenheimerFunds, que suman US$1.700 millones en deuda de la AEE, han desafiado la nueva ley de reestructuración en la Corte de Distrito de EE.UU. en Puerto Rico. Argumentan que sólo el Congreso estadounidense puede dictaminar reglas de quiebra. Puerto Rico, un estado libre asociado, asegura que no hay planes inmediatos de declararse en cesación de pagos. Hasta el martes, la AEE se mantenía al día en su deuda al pagar US$418 millones a los bonistas.

Por su parte, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico también ha dicho que cree que la isla tiene la autoridad para implementar la nueva ley. La semana pasada, Moody's dijo que la ley "provee un camino claro para la cesación de pagos de las corporaciones públicas".

Una cesación de pagos puertorriqueña no debería sorprender a nadie. Según Carlos Colón de Armas, decano interino de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, durante ocho años, desde 2005 hasta 2012, los gastos del gobierno superaron los ingresos en aproximadamente US$1.000 millones en promedio anualmente. El decano me dijo por teléfono que la deuda total del estado libre asociado se encuentra en cerca de US$73.000 millones y en 2013 representaba 101% del Producto Nacional Bruto de la isla (PNB) frente a 57% en junio de 2001. (Aunque el Producto Interno Bruto es la medida más ampliamente aceptada del tamaño de una economía, refleja las ganancias de las grandes multinacionales registradas para efectos tributarios en Puerto Rico, pero que no se quedaron en la economía local. Por lo tanto, el PNB, una medida de lo que es producido por la economía local, es una herramienta más precisa).

El despilfarro fiscal es un cambio significativo respecto a las tres décadas previas, dijo Colón de Armas. Él indicó que la competitividad económica de la isla ha ido en descenso desde la década del 70, en parte, por las distorsiones creadas por los incentivos tributarios especiales para las multinacionales estadounidenses (conocidas como "936" por su designación en el código tributario del país), que trasladaron la carga impositiva a los emprendedores locales. Sin embargo, por más de tres décadas y pese al declive económico, la relación GNP-deuda se mantuvo estable.

El sentido común culpa de la crisis de deuda a la eliminación del "936" en 2005. Pero Colón de Armas asegura que el desastre fue causado simplemente por un gasto excesivo del gobierno y por tomar demasiado dinero prestado. Comenzó con un préstamo por US$550 millones en el presupuesto del año fiscal 2004-2005. Posteriormente, los préstamos, principalmente para financiar gastos operativos, se dispararon. La política de tasas bajas de la Reserva Federal y el apetito por la deuda exenta del triple impuesto (que descarta los ingresos que están libres de impuestos federales, estatales y locales) entre los inversionistas de bonos municipales, alimentó la locura.

El gobernador García Padilla, quien asumió el cargo en 2013, incrementó los gastos en cerca de US$600 millones en su primer presupuesto. Aunque ahora está recortando los gastos, las reducciones provienen principalmente de ese aumento, según Colón de Armas. Entre US$500 millones y US$800 millones en adiciones aproximadamente, que van desde subsidios a intereses especiales hasta financiación para los partidos políticos, sigue sin cambios en el presupuesto de US$9.600 millones.

Podría ser tentador tratar de preservar el Estado paternalista de Puerto Rico y pasar el costo de los malos manejos a los inversionistas que no hicieron su tarea. Pero los acreedores están prestando atención ahora y la mala voluntad no pasará inadvertida.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 7 de julio de 2014.