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24/05/2010 | En Colombia, unas elecciones reñidas

Mary Anastasia O'Grady

Los colombianos acudirán a las urnas el próximo domingo para elegir al sucesor de Álvaro Uribe, quien el 7 de agosto completa su segundo término en la presidencia. Nueve candidatos aparecerán en el tarjetón, pero la competencia en realidad será entre apenas dos.

 

En una esquina se encuentra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, del Partido de la U. Su rival es Antanas Mockus, del Partido Verde, ex rector de la Universidad Nacional de Bogotá y dos veces alcalde de la capital colombiana. No se espera que ninguno de los dos obtenga el 50% más uno de los votos requeridos para triunfar en la primera vuelta. Las proyecciones para una segunda vuelta muestran un virtual empate.

En un país donde la red criminal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) ha pasado más de 50 años asesinando, mutilando y secuestrando civiles, Santos parecería ser el candidato seguro. Además de haber sido ministro de Comercio y de Hacienda en otros dos gobiernos colombianos, encabezó el Ministerio de Defensa desde julio de 2006 hasta mayo de 2009. Durante su gestión, Colombia asestó una serie de golpes victoriosos contra las Farc.

Santos estaba a la cabeza del Ministerio de Defensa cuando el ejército colombiano adelantó una operación en Ecuador en 2008 que terminó con la muerte del comandante Raúl Reyes y sirvió para capturar documentos de los guerrilleros con valiosa información de inteligencia. También estaba al mando en julio de 2008 durante la 'Operación Jaque', con la que se logró el dramático rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, incluyendo tres estadounidenses.

Parece que este éxito está perjudicando a Santos. Muchos electores urbanos, especialmente los jóvenes, creen que con el debilitamiento severo de la guerrilla, la seguridad ya no es un asunto crítico para la supervivencia nacional como lo era hace ocho años. Estas personas se han visto atraídas por Mockus y su promesa de un gobierno más justo y honesto.

Mockus se ha posicionado como el candidato del cambio. Apenas en marzo, su candidatura ni siquiera llegaba al 10% en las encuestas. Pero un escándalo de corrupción en la agencia de inteligencia del gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha vigorizado su campaña.

El DAS ha sido acusado de intervenir las comunicaciones y seguir a una variedad de figuras públicas de las que sospechaba tenían vínculos con traficantes de droga y la guerrilla. La ley colombiana no prohíbe expresamente estas actividades, pero las intervenciones telefónicas requieren una orden judicial. Aún no está claro si ese permiso fue dado. Pero debido a que entre las personas bajo vigilancia presuntamente figuraron miembros de la Corte Suprema de Justicia y ésta ha tenido una serie de disputas con el presidente Uribe, la opinión generalizada, apoyada por la prensa local, es que el gobierno estaba usando la agencia de inteligencia como un arma política.

Uribe ha negado cualquier conocimiento de actividades ilegales en el DAS e incluso pidió su clausura. Santos no tuvo conexiones con el Departamento de Seguridad e incluso en 2006 despidió a dos altos oficiales de la Policía Nacional involucrados en interceptaciones ilegales. De todas formas, el ex ministro ha sido considerado como parte de un establecimiento que permitió que eso pasara.

Irónicamente, las acusaciones contra el DAS subrayan cuán real sigue siendo la amenaza del narcotráfico sobre la democracia. Lo que pasó en el Departamento de Seguridad no será fácil de resolver, por la misma razón que es casi imposible procesar judicialmente el narcotráfico y mantener al mismo tiempo las libertades civiles. Como alguna vez me explicó el fallecido economista Milton Friedman cuando le pregunté sobre el costo de la guerra contra las drogas: cuando dos partes están comprometidas voluntariamente en una transacción, es imposible vigilar dicha transacción sin informantes. Y una vez que tiene informantes, señaló Friedman, usted tiene el caldo de cultivo para la corrupción.

Así que no sería sorprendente saber que elementos al interior del DAS actuaron al margen de la ley. Pero también es obvio que el crimen organizado tiene fuertes incentivos para perjudicar el gobierno. Dado que en la práctica no existe castigo por mentir bajo juramento en este país, el entusiasmo de la rama judicial, conocida por mantener considerables diferencias políticas con Uribe, por dar credibilidad a testimonios de testigos cuestionables también enturbia las aguas. El viernes, el diario colombiano El Tiempo reportó que la firma del abogado de Uribe había sido falsificada en un esfuerzo por vincularlo al caso de corrupción del DAS.

La moraleja de la historia es que Colombia necesita no sólo una reforma económica, como la simplificación del código tributario, sino también una mejoría en la rama judicial y en sus organismos de inteligencia que protejan mejor las instituciones frente a las filtraciones de las organizaciones criminales.

Incluso los críticos de Mockus reconocen su atractivo, derivado de su fuerte énfasis en la defensa del estado de derecho en un país plagado por la corrupción. Mockus, sin embargo, carece de experiencia nacional, suele responder a problemas como un académico y encabeza un partido que apenas tiene dos escaños en el Congreso. De todas formas, puede que los electores corran un riesgo y voten por él. Pero también es muy posible que, al fin de cuentas, los colombianos opten por alguien con experiencia comprobada, como la de Santos. Después de todo, como me dijo el propio Santos en una entrevista el viernes, cuando se trata de asegurar la paz: "estamos ganando, pero aún no hemos ganado".

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 24 de mayo de 2010.

El Cato (Estados Unidos)

 


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