Eso pasará a menos de que los grandes sindicatos logren imponer su asfixiante modelo de regulación más allá de las fronteras de EE.UU. En ese caso, los costos podrían ser estratégicamente exportados a otros lugares, y las empresas que de otro modo podrían escapar a las regulaciones estadounidenses no tendrían a dónde ir.

El esfuerzo ya está en marcha en América Latina, donde los países que han firmado acuerdos de libre comercio son cada vez más acosados por el gobierno de Barack Obama. Aunque la Casa Blanca afirma que se trata de la defensa de los derechos de los trabajadores, parece más como si quisiera usar la normativa laboral como una puerta trasera para aumentar el proteccionismo a instancias de los grandes sindicatos estadounidenses.

Un ejemplo es el anuncio del mes pasado de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), que intenta llevar a Guatemala ante un panel arbitral por "aparentes fallas sistemáticas" en la aplicación de las leyes laborales guatemaltecas bajo el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés). La acción, de acuerdo con el representante comercial, nació de una petición de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), presentada con seis grupos de trabajadores guatemaltecos, que hacen la misma acusación. La USTR sostiene que, junto con los departamentos de Trabajo y Estado, analizó la demanda de la AFL-CIO y decidió llevarla adelante porque le parecía ser correcta.

La semana pasada, cuando hablé por teléfono con el ministro de Economía de Guatemala, Luis Velásquez, me dijo que, a través de una serie de consultas, las dos partes habían llegado a un acuerdo sobre 14 de los 17 puntos que EE.UU. había planteado. Hay un estancamiento en relación con las tres restantes y, tan importante como eso, sobre cómo las dos partes deben proceder.

Velásquez señaló que una disputa no resuelta bajo la reglamentación del CAFTA va primero a una comisión —que representa a los siete países— que administra el tratado. Sólo si no hay allí una resolución llega a un panel de arbitraje. "No entendemos por qué EE.UU. no quiere respetar el procedimiento adecuado contenido en el tratado. Se lo pedimos al USTR y no obtuvimos respuesta", me dijo. También yo se lo solicité al USTR y no tuve respuesta.

Asimismo, Velásquez dice que desconoce los motivos de EE.UU. y no quiere especular al respecto. Sin embargo, como observadora, se me ocurre que es el temor de que los otros socios del CAFTA no concuerden con la postura de EE.UU. Es probable que no les simpatice lo que la AFL-CIO quiere hacer con su vecino porque puede que la próxima vez les toque a ellos.

Una de las demandas de EE.UU. es añadir 100 inspectores laborales a la nómina del gobierno de inmediato. Velásquez sostiene que si bien Guatemala está dispuesta a cumplir con el aumento, el costo estimado, que asciende a millones de dólares, no está contemplado en el presupuesto actual. Guatemala ha dicho que incorporará a los inspectores el próximo año, pero eso no es lo suficientemente bueno para el Tío Sam.

Una segunda demanda es forzar a todos los exportadores a indemnizar a sus trabajadores contra las empresas que entran en bancarrota mediante la compra de un bono. Velásquez afirma que la Corte Constitucional de Guatemala ha rechazado la medida porque discriminaría contra los exportadores. También indicó que los exportadores estadounidenses no están sometidos a la misma obligación.

Por último, y quizá lo más flagrante, es que EE.UU. quiere que Guatemala de a los inspectores de trabajo la autoridad para cerrar una planta que se considera que viola el código laboral. Según Velásquez, el problema es que los inspectores no son jueces y el acusado tiene el derecho a ser escuchado en un tribunal de justicia. De lo contrario, agrega, "convertiríamos a nuestros inspectores en emperadores". Es sumamente extraño que EE.UU. esté tratando de socavar la frágil democracia guatemalteca al defender los tipos de prácticas que tienen lugar en las dictaduras.

En términos más generales, las exigencias inspiradas en la AFL-CIO elevarían los costos para los exportadores guatemaltecos e incluso los podrían llevar a la quiebra. ¿Valdría la pena una mejora en las condiciones del trabajo a ese precio? Probablemente no, a juzgar por un reciente estudio sobre el tema, realizado por los economistas J.R. Clark, de la Universidad de Tennessee en Chattanooga, y Ben Powell, de la Universidad de Suffolk, en Boston.

Los investigadores encuestaron a los empleados de dos empresas guatemaltecas que fueron señaladas como "fábricas de explotación" por el National Labor Committee (NLC), un organismo sin fines de lucro. Los autores señalan que, dado que esas dos empresas fueron seleccionadas por el NLC, es razonable concluir que estaban entre las peores "fábricas de explotación". Sin embargo, encontraron que "los salarios y las condiciones laborales eran superiores al empleo anterior de esos trabajadores". También encontraron que "la combinación entre los salarios y las condiciones de trabajo reflejaban las preferencias de los empleados" y que "los empleados encontraban sus condiciones menos satisfactorias cuando una empresa cedía a las demandas de los activistas".

Clark y Powell no sostienen que las condiciones laborales en Guatemala son iguales a las de EE.UU. Sin embargo, el estudio muestra que entre las opciones que tiene los guatemaltecos, las industrias de exportación son atractivas, y que si van a la quiebra los trabajadores quedan en peor situación.

Entonces, ¿a quién es que quiere ayudar el gobierno de Obama? Supongo que no al trabajador guatemalteco.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal el 19 de septiembre de 2011