"Paz en la tierra" puede ser el lema de esta época, pero en la parte occidental de Bolivia, la paz puede resultar evasiva. Allí ya se sienten en el ambiente los tambores de guerra, en medio de las preparaciones para la celebración de la Navidad.

El presidente Evo Morales ha descrito el conflicto entre su gobierno y sus críticos como un enfrentamiento entre la población indígena pobre del país y los ricos bolivianos de descendencia europea. Pero a medida que sus intentos antidemocráticos por consolidar el poder empiezan a ofender a un segmento más amplio de la nación, su retórica de conflicto social y de clases está perdiendo fuerza. Ahora hasta el gobierno socialista de Brasil, que venía apoyando a Morales para asegurarse el acceso al gas natural boliviano, está empezando a mostrar signos de incomodidad frente a su enfoque estridente de gobierno.

Las tensiones entre cuatro departamentos occidentales —Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija— y el gobierno central han estado encendidas todo el año. Pero la semana pasada, las tensas relaciones empeoraron cuando cuatro gobernadores anunciaron una serie de "estatutos de autonomía". Las encuestas muestran que la autonomía ahora es popular en otros dos departamentos, Chuquisaca, que antes era un baluarte de Morales, y Cochabamba.

Los estatutos no llegan a ser declaraciones de secesión, pero ante los ojos del gobierno de Morales, son actos atrevidos de rebelión contra su mandato. El vicepresidente Álvaro García Linera ha advertido que el gobierno planea "usar todo su poder para controlar a los ´separatistas´".

Pero el ruido de palacio aún no ha asustado al liderazgo local. Los cuatro departamentos ya han empezado a recoger firmas para referéndums, que de ser aprobados, ratificarán los estatutos de autonomía.

Tras siglos de gobierno centralizado, Bolivia tomó pasos agigantados hacia la descentralización a mediados de los 90. En 2005, por primera vez en la historia, cada uno de los nueve departamentos del país eligió a sus propios gobernadores.

Morales llegó al poder en enero de 2006 y tenía una idea diferente de cómo se debía gobernar Bolivia. Él y su partido de izquierda, Movimiento al Socialismo (MAS), inmediatamente empezaron a volver a centralizar el poder a través de una reforma de la constitución. Pero Morales se tropezó con un obstáculo cuando el MAS no logró obtener la mayoría de dos tercios que necesitaba en la asamblea constitucional para adoptar la constitución socialista que quería.

Para superar el problema, el MAS declaró de manera unilateral que el lugar de reunión de la asamblea podría mudarse a donde el partido decidiera y a continuación utilizó la fuerza para mantener alejados a los opositores.

Desde entonces, las reuniones con sólo delegados del MAS han ratificado su versión de la constitución. El documento no sólo les quita el poder político y económico a las autoridades locales sino que también eleva a los ciudadanos que califican como indígenas por encima de quienes tienen una herencia racial mixta. Bajo cualquier definición, es un atropello contra la democracia y el pluralismo. Pero él parece pensar que puede legitimar cualquier cosa con sólo citar las dificultades que atraviesan los bolivianos más pobres.

Pero a medida que Morales se vuelve cada vez más autocrático, particularmente al aprobar su constitución ignorando el proceso legal, ha ido perdiendo apoyo.

Su problema parece ser que mientras fue elegido como parte de una plataforma que prometía hacer algo respecto a la pobreza en Bolivia, un creciente grupo de la población ya no lo ve como un líder que pueda resolver el problema. Esto es un hecho comprobado no sólo en los departamentos más ricos de Bolivia sino también en algunos de los más pobres.

Morales insiste en que la oposición a su agenda no es más que la resistencia de los departamentos ricos a compartir la riqueza del país. Es cierto que Tarija es el departamento más próspero de Bolivia. Pero Beni, que también se opone a Morales, compite muy de cerca con Chuquisaca como el segundo departamento más pobre del país. Tanto Oruro como La Paz, que son baluartes del MAS, cuentan con un ingreso per cápita más alto.

Durante su visita este mes a Nueva York, el gobernador de Beni, Ernesto Suárez, me dijo que la razón de la pobreza en su departamento está en el gobierno central que, por mucho tiempo, ha drenado los recursos para alimentar la burocracia en La Paz. El punto de Suárez llega al corazón del problema sobre si el poder centralizado está beneficiando a la nación.

Los estatutos de autonomía que él y otros gobernadores han adoptado no son declaraciones militantes de independencia. En cambio, son tímidos reclamos por el derecho a designar los jueces de la corte suprema y electoral, para aplicar impuestos estatales y quedarse con una parte de los ingresos de los hidrocarburos. Los departamentos también quieren la facultad de poder aumentar la fuerza policial local, decidir sobre el uso local de la tierra y proteger el derecho a la educación privada. Tampoco reconocen el principio de Morales de que La Paz tiene la autoridad para darle privilegios a la comunidad indígena.

La amenaza de que García Linera, quien, dicho sea de paso, es un boliviano de clase alta de descendencia europea y ex terrorista, cumpla su promesa de usar la fuerza contra los departamentos es real. Los departamentos, que carecen de ejércitos, no tendrían opción alguna en caso de una confrontación directa. Pero también es verdad que hay un creciente reconocimiento en la región de que Evo se ha apartado del camino de la democracia. La semana pasada, el presidente de izquierda Luiz Inácio "Lula" da Silva recomendó a los bolivianos que tuvieran "paciencia y más paciencia con los departamentos". El mensaje no tan indirecto era que si Morales trata de acribillar a la oposición democrática, hasta Lula tendrá problemas para apoyar a su hermano socialista.

Este artículo fue originalmente publicado en el Wall Street Journal (EE.UU.)