La gobernadora republicana Jan Brewer acusa al Gobierno Federal de fallar en el mantenimiento de la seguridad de la frontera con México, de tal manera que, según ella afirma, no ha tenido más remedio que tomar cartas sobre el asunto y concluir con una Ley que pondrá en aprietos a todo aquél que se pasee sin papeles por Arizona. 

Mediante esta Ley, la policía podrá detener o interrogar sobre su situación migratoria a cualquier persona involucrada en algún delito en Estados Unidos. Asimismo, se castiga a los patronos que contraten trabajadores indocumentados (Bono tendría un serio problema con esto) y señala como delito la estancia ilegal en el país.

La cuestión es que la SB1070 viene a cubrir una serie de demandas de los ciudadanos, así como de organizaciones civiles que viven en un Estado pasto del narcotráfico. En el otro lado, una serie de organizaciones lideradas por latinos que se sienten afectados por considerar que esta Ley vulnera la autoridad exclusiva del Gobierno Federal de los Estados Unidos para regular la inmigración de todo el país. Desde el Fondo México- Americano de Defensa Legal y Educativa (MADEF) se asegura que en Estados Unidos “no se debería permitir a la gobernadora Jan Brewer pervertir las prioridades de las políticas federales y obstruir el progreso nacional para satisfacer sus caprichos políticos”.

Brewer asegura que no le dolerán prendas en recurrir a la Corte Suprema si Obama finalmente toma la dirección que considera equivocada.

Arizona tiene tradición de ser un Estado racista y es ahí donde cuelgan sus argumentos los detractores de la Ley. ¿Qué es lo que está pasando en realidad?

 

 

1. Obama no sale de la meta de salida

El presidente de los Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto cuando el tema está al final de un proceso que no tiene fin. Desde que en abril de 2010 Arizona pusiera la Ley encima de la mesa, el Gobierno Federal ha tenido noventa días para pensar qué hacer. Ahora, fuera de plazo, Obama se descuelga con un discurso al que estamos acostumbrados ya en estas latitudes: mucha demagogia, pero pocas soluciones.

Los argumentos del presidente se sustentan en la importancia de los migrantes en la historia y el progreso de Estados Unidos, a la vez que asegura que la mayoría de los estadounidenses están listos para respaldar una reforma que ayudaría a resolver el estatus de unos once millones de inmigrantes ilegales. “Estados Unidos tiene el derecho de controlar su frontera y establecer normas, que con independencia de la honestidad de las personas que llegan a aquí, nadie ingrese a territorio estadounidense de manera ilegal. Debemos dejar a un lado la politiquería para aprobar una reforma migratoria integral para un sistema quebrado”. “El gobierno debe garantizar la seguridad en la frontera, por eso, la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Janet Napolitano, tiene autorización para fortalecer la vigilancia en la frontera aún cuando no exista una ley migratoria federal”.

Obama asegura que los estadounidenses no pueden seguir perdiendo puestos de trabajo por la demanda de los inmigrantes ilegales y asegura que es imposible seguir haciendo la vista gorda permitiendo que un sector opere fuera de ley, en referencia a las empresas que dan trabajo a las personas sin documentos para emplearse.

 

Asumen que el mayor problema de inmigración del país ocurre en el ingreso por la frontera sur, aunque también hay muchos visitantes que se quedan en el país.

“Estados Unidos es un imán para lo mejor del mundo. Sin embargo, este flujo de inmigrantes provoca que haya trabajadores ilegales que son vulnerables a que les paguen menos del salario mínimo y que se violen estándares de seguridad en el ámbito laboral”.

 

"En esta situación, estados como Arizona han decidido actuar por cuenta propia (...). Estas leyes también violan los derechos de los ciudadanos, a medida que otros estados y regiones actúan por cuenta propia nos encontramos con una maraña de nuevas normas, cuando sabemos que hace falta un estándar nacional".

El problema de Arizona no es tanto la contratación de ilegales para cualquier trabajo, como el establecimiento de los cárteles de narcotraficantes más peligrosos de México. Todo lo que sabemos hasta ahora es que Obama ha pedido a los inmigrantes ilegales que se sometan a un registro para obtener la nacionalidad, que aprendan inglés y regularicen su situación legal: “no sólo por cuestión de justicia, se trata de ser consciente de que así podemos demostrar qué es lo que significa ser un estadounidense, con derechosy obligaciones fundamentales".

 

Esta es toda la propuesta. No parece que los narcotraficantes estén muy preocupados por demostrar su orgullo americano, no si saben más inglés que su vecino.

La realidad va por delante. Una encuesta de finales de mayo de CNN/Opinion Research Corp.,  indica que el 57% de los estadounidenses apoyan la ley de Arizona, contra el 37% que se oponen a ella. Asimismo, en el sondeo se indica que nueve de cada diez  estadounidenses está de acuerdo con reforzar la frontera con México. El  80% de los entrevistados apoyarían un programa que permitiera a los inmigrantes ilegales que ya están en Estados Unidos regularizar su estancia.

Otra encuesta, esta vez realizada por de Gallup-USA Today, indica que el 50% de los norteamericanos cree que la reforma migratoria debería enfocarse a detener el flujo de inmigrantes ilegales. El 45%  pide que se desarrolle un sistema para que regularicen su situación. Ocho de cada diez norteamericanos están dispuestos a dar una oportunidad a los inmigrantes sin papeles que ya viven en el país, realizando un examen para solicitar la residencia, siempre y cuando tengan un trabajo y estén dispuestos a pagar impuestos. Sin embargo, solo el 38% de los encuestados considera esto como una prioridad, porque para el resto, la prioridad está en reforzar la seguridad en la frontera sur.

La cuestión es que la polémica ley de inmigración SB1070 del estado de Arizona, entrará en vigor el próximo 29 de julio y fue promulgada por la gobernadora Jan Brewer, el 23 de abril de 2010. Esta Ley vendría a reforzar una normativa anterior en la que el Estado de Arizona permite procesar a traficantes de indocumentados (2005), así como otra normativa promulgada en 2007, en la que se castiga a los patronos que contraten trabajadores ilegales.

 

La gobernadora dijo en ese entonces que “este proyecto de ley le da el apoyo a las autoridades del Estado para protegernos a todos, a cada ciudadano de Arizona y a todos los que están aquí, en nuestro estado legalmente”.

2. La bodega de marihuana más grande del mundo

Esta es Arizona, según la han bautizado los agentes federales de Estados Unidos que trabajan en este estado sureño. Incluso han adoptado esta definición las autoridades mexicanas al otro lado de la frontera. Desde Arizona se introduce la droga que se distribuye a los cincuenta estados del país. La razón, el asentamiento de operadores de los cárteles más activos y peligrosos de México, junto al alto grado de corrupción que existe en la propia policía. En Arizona están casi todos: los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez, La Familia Michoacana, Los Zetas y la organización más peligrosa y con más peso en el mundo del narcotráfico por aquellas latitudes, la organización del Chapo Guzmán.

Según la policía de la ciudad de Phoenix, ésta se ha convertido en “zona cero del narcotráfico en Estados Unidos” para los narcos mexicanos más violentos. Desde 2005 hasta ahora, los secuestros con violencia se han incrementado un 325%.

También ha aumentado significativamente el número de coyotes, o traficantes de personas, siendo las mujeres y los niños las principales víctimas.

La explicación es sencilla. En los últimos años, los cárteles de la droga de América Latina han trasladado su centro de operaciones desde Colombia -gracias a la labor desempeñada por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, implacable contra el narcotráfico-, hasta el norte de México, aunque en Colombia quede mucho por hacer. Solo en la ciudad de México, el nivel de secuestros y asesinatos ha sumado unos 4.400 víctimas, nivel de violencia que se traslada paulatinamente hasta el sur de Estados Unidos, como es el caso de Arizona, donde gracias a la falta de una buena legislación contra la inmigración ilegal, se han refugiado los cárteles antes mencionados. Muchos ciudadanos de Phoenix, nativos y mexicanos, tienen miedo de salir a la calle o dirigirse a su puesto de trabajo, dado el alto nivel de violencia que existe hoy en la ciudad.

Más datos: de los 46.000 arrestos que la policía llevó a cabo en el condado de Maricopa, 6.000 eran inmigrantes ilegales involucrados en el tráfico de drogas. La misma patrulla fronteriza encargada de custodiar el inservible muro de metro y medio que separa México de Estados Unidos acaban por abandonar la zona tras sufrir serias amenazas.

En cuanto al negocio de la cocaína, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que la ruta de la coca donde intervienen los cárteles mexicanos genera treinta y tres mil millones de dólares al año, de los que veintinueve mil millones se quedan en Estados Unidos

3. La Ley y la realidad

Un somero repaso al texto de la Ley invita a concluir que la norma regula aspectos muy domésticos y muy concretos, tales como la posibilidad de que la policía solicite  documentación que acredite que una persona está de forma legal en el Estado, siempre y cuando haya indicios fundados. Una documentación bastante accesible para cualquiera, como es un permiso de conducir o un DNI.

No es asunto baladí. Hay algunos datos que permiten sospechar que la población en situación irregular es más numerosa de lo que parece. Desde que comenzó a hablarse de la Ley, el volumen de ventas de negocios de alimentación típicamente mexicana ha caído entre un 35% y un 40% en la ciudad de Phoenix, núcleo donde se sitúa la mayor parte de la población hispana, que representa el 30% de la población de Arizona. Datos de la Cámara Hispana de Comercio de Arizona estima que su poder anual de compra es de unos treinta y un millones de dólares.

La misma fuente asegura que de los  50.000 negocios latinos que hay en todo el Estado, la mayoría son empresas familiares pequeñas, ubicadas en la zona de Phoenix, principalmente. Si como aseguran los habitantes de Arizona, se observa un incremento de de las ventas de patio de fin de semana en los jardines de los barrios donde hay más población inmigrante, es claro que el éxodo ha comenzado y que éste está motivado por la falta de documentación que acredite la legalidad de su estancia.

Frente a la preocupación de la colonia hispana a que con esta Ley comience una persecución sin cuartel, la gobernadora Brewer promete que no habrá violaciones de los derechos civiles. En el texto de la Ley se especifica que debe haber una sospecha razonable de que una persona está en el país de manera ilegal. También se expone que no se puede usar la raza, el color o el origen para sospechar. 

Otro aspecto interesante de la Ley tiene que ver con el tráfico de personas con fines lucrativos o comerciales. Se prevén sanciones graves tanto para las personas que trafican con personas, como aquellas que facilitan vehículos para el transporte, incluyendo a familiares cercanos que participen en la secuencia.

Este particular viene a legislar sobre un lucrativo negocio que empieza a superar al del narcotráfico. Según Naciones Unidas, la industria del tráfico clandestino de personas genera más ganancias al crimen organizado en México que el tráfico de drogas y armas. El 90% de los inmigrantes ilegales- unos dos millones y medio por año- es ayudado por facilitadores que están conectados con estas redes criminales. El 80% de los latinoamericanos que cruza a Estados Unidos es mexicano, mientras que el 20% proviene de Centroamérica. Prácticamente todos llegan de la mano de estas redes.

Otra pata de la Ley hace referencia a la contratación de inmigrantes ilegales y sus consecuencias legales. En el texto de la Ley se especifica que el fiscal investigará si la denuncia de que ocurre esta práctica es cierta antes de establecer una pena. Asimismo se dice que “el fiscal general o del condado no investigará denuncias basadas exclusivamente en la raza, el color o el país de origen”.

La Norma, que no tiene carácter retroactivo para acciones anteriores a 2008, especifica que el empleador que incurre en esta práctica deberá rescindir la relación laborar con el inmigrante ilegal empleado y someterse a un período de observación de tres años, en los que deberá presentar cumplida documentación a la autoridad competente de cada contrato que hace.

El empleador forma parte del programa “e-verify”, de verificación de contratos de acuerdo a la ley y las condiciones legales del empleado.

Conclusiones

La reforma migratoria ha sido una especie de peso muerto sobre los hombros de los políticos de Estados Unidos durante años. La falta de una política federal integral se está volviendo contra el propio Obama, que se presentó antes los estadounidenses con el propósito de enmendar la situación, que a todas luces no solo no ha hecho nada, sino que la situación en algunos puntos del país, como es el caso de Arizona, ha abocado a sus ciudadanos a solicitar una Ley que contribuya a facilitar la convivencia segura para todas las personas que viven allí de forma pacífica y cumpliendo con los requisitos legales.

Es claro que Arizona tiene serios problemas con el narcotráfico y el asentamiento en su territorio de los cárteles más peligrosos de México.

Ello no quiere decir que todos los inmigrantes se dediquen al crimen organizado, como también es cierto que muchos miles se ven sometidos a vivir en la clandestinidad, subsistiendo con trabajos precarios y mal pagados porque no han tenido posibilidades de legalizar su situación, seguramente porque han sido pasto de las redes de traficantes de personas que viven de este lucrativo negocio a costa de la miseria que padecen sus iguales.

 

Pero no por ello, Barack Obama debe dejar de cumplir con su obligación como presidente del Gobierno. Si sigue demorando el debate serio y riguroso que debe preceder a una Ley de Inmigración que contemple esta realidad, más allá de si se es mejor o peor americano o si se habla inglés, es claro que los gobernadores de los estados de la Unión que más padecen las consecuencias de su inacción seguirán tomándose la justicia por su mano, con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses.

“Hemos intentado tener una reforma migratoria los últimos cinco años, con intentos previos que van más atrás”, dijo Marc Rosenblum, analista de políticas públicas del Instituto de Políticas Migratorias, un centro de estudios apartidista. “Creo que los electores están impacientes, especialmente los que tienen algo que ver en esto, como los inmigrantes, sus familias y los negocios que los emplean”.

Obviando el tema, Obama hace un flaco favor a los once millones de inmigrantes que son parte de Estados Unidos, de su sociedad, de su cultura y de su economía, a la que contribuyen legal o ilegalmente.

La demagogia no puede sustituir a la política… aunque de eso, por aquí sabemos un rato.