Es claro que al gobierno de Harper le interesa mostrar lo mucho que Canadá es como Estados Unidos, alejándose de manera fundamental de la imagen que históricamente los canadienses han gozado en el mundo, justamente de no ser como los estadunidenses.

La explicación ofrecida por las autoridades canadienses para imponer la visa de que el gran número de falsas solicitudes por mexicanos está cuestionando “la integridad” del generoso sistema de refugio canadiense es, simplemente, inaceptable. Como ya se ha indicado en la primera parte de esta nota, dicho sistema enfrenta problemas de índole administrativo que, al retrasar significativamente las decisiones sobre las peticiones, ofrecen incentivos económicos poderosos que explican el aumento de las solicitudes no legítimas. Claramente la imposición de la visa a los mexicanos, como antes fue a los chilenos y brasileños, no va a resolver la ineficacia del sistema.

México y la República Checa, a quien también le impusieron el requisito de visa, son chivos expiatorios, usados por el gobierno conservador de Harper para movilizar a una opinión pública canadiense que ha sido reticente a reformar su efectivamente “generoso” sistema de refugio. Así se explica el que el ministro de inmigración, Jason Kenney, se precipitara a declarar, apenas se anunció la medida, que dicho sistema debía reformarse para que la decisión con respecto a si procede o no una solicitud de refugio fuera trasladada de un tribunal, como es ahora, hacia los agentes migratorios en los puertos de entrada. Con ello, se aligerarían los procedimientos burocráticos y reducirían el número de personas que por ley deben ahora residir en Canadá mientras se resuelve su solicitud de refugio. Pero el asunto suscita una controversia interna importante sobre los derechos humanos y el interés de los canadienses a presentarse como un líder mundial en la materia.

Queda entonces la pregunta de por qué en el cálculo del gobierno canadiense no importa la repercusión política de sus decisiones en la relación con México. Además de las preferencias arriba mencionadas por restablecer una relación privilegiada con Estados Unidos, es claro que tampoco el gobierno de Felipe Calderón ha expresado un profundo interés en la relación con Canadá. Ha decidido, por ejemplo, nombrar embajadores sin experiencia diplomática o internacional. El actual embajador, Francisco Barrio, llegó a Ottawa cuestionado fuertemente por organizaciones civiles canadienses que protestaron por su gestión en Chihuahua en torno a las muertas de Juárez.

El desconocimiento quizá explica que no se hiciera ningún intento por influir el proceso político interno en Canadá e impedir la agraviosa decisión que se venía anunciando desde hace meses, mediante alianzas con la industria turística ahí y con ciudades como Montreal y Toronto, que se benefician de la derrama de cientos de millones de dólares que cada año dejan los visitantes mexicanos.

Finalmente, desde hace dos años está pendiente, y en las manos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la instrumentación de un acuerdo de movilidad laboral que hubiera comenzado a resolver los problemas de migración de trabajadores mexicanos a Canadá, que serán, por cierto, cada vez más centrales en esta relación. Uno de ellos es la dificultad intrínseca de la política migratoria canadiense para recibir un cierto perfil de trabajadores mexicanos, porque está orientada, o bien a los altamente calificados o a los menos calificados (a través de los programas de empleados temporales, como el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales).

isabel.studer@itesm.mx