Con más de 45 millones de personas que carecen de acceso a servicios de salud, con exorbitantes costos —no son sólo los más caros del planeta sino la causa principal de los casos de bancarrota personal en Estados Unidos— y con bajos estándares de calidad, si se les compara con los ofrecidos en otros países desarrollados, esta reforma ha sido uno de los temas más controvertidos en la agenda política del país vecino. Habrá que recordar que el intento de reforma fue uno de los grandes fracasos del ex presidente William Clinton —y de su señora esposa— y un asunto central en la más reciente campaña electoral rumbo a la presidencia.

En el corazón del debate está la disyuntiva de si se debe crear un nuevo plan público de salud y si éste debe ser administrado por el gobierno federal. Detalles más, detalles menos, el presidente Obama está a favor de un sistema universal de salud garantizado (aunque no controlado) por el gobierno federal. Sus opositores incluyen aquellos que prefieren que exista la opción individual de no usar el seguro de salud si no lo quiere y los que ven en el obamacare un plan muy costoso que aumentará aún más una deuda pública y un déficit fiscal que son, de por sí, enormes y tienen lugar en un contexto con muy bajas perspectivas de crecimiento económico.

Los asesores de Obama eligieron una vía de alto riesgo al poner este asunto como prioritario en la agenda legislativa muy temprano en su gobierno, seguramente aprovechando el enorme capital político del nuevo presidente. Cierto que se esperaba que hubiera oposición a su propuesta, pero no que ésta fuera tan enérgica como lo fue en 1993 y 1994. De hecho, en las últimas semanas el presidente Obama ha visto deteriorada su posición política sobre este asunto. Algunas encuestas de opinión muestran además a los estadunidenses confundidos en torno a este tema. En una de The New York Times, realizada a finales de julio, mientras 75% de los encuestados estaban preocupados porque los costos de los servicios de salud aumentaran en caso de que el gobierno no adoptara un nuevo sistema de cobertura universal, 77% temía que dichos costos se dispararan si el gobierno creaba ese sistema.

Los mayores obstáculos para que la propuesta de Obama prospere, sin embargo y paradójicamente, provienen más de su partido. Para empezar, y a pesar de sus promesas de campaña, la Casa Blanca decidió otorgar a los demócratas en el Congreso la prerrogativa de diseñar las propuestas legislativas sobre los asuntos más importantes de su agenda política. Nancy Pelosi, la poderosa house speaker, ha aprovechado este signo de confianza para asegurar que las propuestas mantengan un sesgo ideológico más progresista, de izquierda, alimentando la polarización del Congreso y de su partido. Esta radicalización ha abierto un espacio para que un grupo de 52 demócratas “moderados”, conocidos como los Perros Azules, ejerzan una mayor influencia en el Congreso y obtengan compromisos para resistir las medidas políticas enfiladas a aumentar el gasto gubernamental y el déficit fiscal. De hecho, varios de estos congresistas lograron a finales de julio detener la propuesta legislativa sobre reforma al sistema de salud en el Comité de Energía y Comercio de la Casa de Representantes hasta que su presidente, Robert Waxman, accediera a introducir más medidas para reducir costos. Ahora la propuesta está en la cancha del Senado, donde Max Baucus está buscando darle un enfoque bipartidista.

Si el presidente Obama no logra la aprobación de esta legislación, y la de cambio climático, antes de que acabe el año, su gobierno estará en graves problemas pues habrá gastado un formidable capital político que le impedirá la aprobación de otros temas, como la reforma migratoria integral, en el Congreso antes de que comience la carrera por las elecciones legislativas de 2010.

isabel.studer@itesm.mx