Una de las primeras consecuencias de la caída del precio del petróleo fue el rápido debilitamiento de las empresas petroleras de carácter estatal que canalizan, en todo o en parte, la riqueza petrolera de los países productores. Esta depresión se detecta con intensidad especial en el caso de las petroleras latinoamericanas, desde Petrobras a PDVSA. Claro que en Petrobras se da además un caso de corrupción amplia e intensa; pero el problema de fondo es el mismo que para el resto de las petroleras nacionales en Argentina, Venezuela, Colombia o México, esto es, la incapacidad para dar una respuesta rápida al hundimiento del crudo. En la configuración del negocio petrolero, el principio que suele cumplirse prácticamente sin excepciones es que aquellas empresas dedicadas solamente a la extracción y venta de crudo atraviesan por graves dificultades cuando desciende bruscamente el precio de la materia prima; las que menos sufren el impacto de la depresión de los precios son las compañías integradas que disponen de actividades de refino o comercialización.

La primera clave de la posición de las petroleras nacionales radica lógicamente en la evolución inmediata del precio del barril. Está claro hoy que el precio empieza a repuntar y que esta será la tendencia dominante durante los próximos meses. Los analistas, que, como en casi todas las actividades, suelen equivocarse, arguyen la progresiva recuperación de la demanda para justificar la continuación de la tendencia alcista. La segunda clave es cuál será la velocidad de recuperación del precio; los mismos analistas, con los mismos riesgos de error sugieren un amplio abanico de posibilidades, desde quienes avanzan que puede llegar a los 70 dólares a final de año hasta los optimistas que prevén una aceleración hasta los 80 dólares.

La última clave donde se situará el umbral de la inversión. Con el precio actual, las petroleras nacionales sencillamente se aproximan a la ruina. No solo porque sus ingresos disminuyen sino porque sus inversiones en exploración quedan depreciadas momentáneamente. A los precios actuales (el Brent está en torno a los 57 dólares) no hay inversión rentable posible en exploración convencional ni tampoco en fracking. El mínimo aceptable está en torno a los 80 dólares. Mientras se alcanza ese precio, el mercado está expulsando la producción más cara y este es uno de los factores de corrección en el que confían los expertos.

Para las petroleras estatales el precio es solo una advertencia —grave, si se quiere, pero coyuntural si la cotización llega a recuperarse— de que no pueden operar solamente como máquinas extractoras de la plusvalía de los hidrocarburos que, además, puede ser manipulada para que los gobiernos se aseguren los votos. De la zozobra petrolera (propiciada por Arabia Saudí), los gobiernos latinoamericanos deberían sacar dos lecciones principales: los hidrocarburos son una riqueza que discrecionalmente puede manipular el dominador del mercado y que las petroleras no pueden utilizarse (como en el caso evidente de Argentina) para disfrazar los precios que pagan los consumidores nacionales. Así se hunden las compañías nacionales y se dilapida el supuesto maná de la riqueza petrolera.