Todo tiene que ver con el proyecto totalitario rechazado por mayoría popular en el referéndum del 2 de diciembre. Los periódicos independientes están cerrando poco a poco por falta de papel. «Son represalias; Chávez está picado por la derrota y la paga con los medios», dice una abogada que pidió mantenerse en el anonimato.

Después de 30 años, el «Correo del Caroní», con sede en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, se vio forzado a suspender su tiraje porque el Gobierno no le ha autorizado los dólares para comprar el papel importado. El diario ha tenido que conformarse con la emisión de su página web (www.correodelcaroni.com), mientras espera la solución del problema.

Su director, David Natera Febres, también presidente del Bloque de Prensa de Venezuela, afirmó que desde hace seis meses la Comisión Nacional de Divisas (Cadivi) no le cancela las divisas a su proveedor, que es la empresa chilena Dipalca, y no descarta que sea por motivos políticos, «se deba la campaña informativa que ha mantenido el diario durante el referéndum de la reforma constitucional. El Gobierno busca penalizar la opinión libre».

Reporteros Sin Fronteras sostiene que no es el primer caso. En noviembre, el diario regional «El Impulso», editado en Barquisimeto, capital del estado Lara, llevaba cuatro meses sin recibir las divisas necesarias para pagar la impresión y el papel.

Marcel Granier, director general de RCTV, denunció ayer que el Gobierno de Chávez lleva 200 días usurpando ilegalmente, desde el 27 de mayo pasado, día en que cerró su señal abierta, «y robó las 48 antenas y torres de transmisión del canal». Pidió la restitución de los equipos de la empresa conforme al rechazo mayoritario que recibió su propuesta totalitaria en el referéndum del pasado 2 de diciembre.

Además, el acoso contra los medios y la libertad de expresión quiere ampliarse a la telefonía móvil y los mensajes que envían los 20 millones de venezolanos suscritos al servicio. El Gobierno busca controlar los mensajes que supuestamente «inciten al delito», entre ellos, la información sobre encuestas y datos de desestabilización.