Están diseñadas para que el oficialismo controle plenamente la justicia bajo el manto de una supuesta práctica democrática. Las prohibiciones a la libertad de información y de opinión bajo la cual se realizaran son incompatibles con el respeto a la libertad y a los derechos humanos, garantizados por la Constitución y tratados internacionales.

El primer y problema de fondo es la selección de candidatos. Si bien se ha justificado la elección de los altos magistrados como una forma de despolitizar la justicia, en realidad los candidatos serán seleccionados políticamente por el Movimiento al Socialismo que con la mayoría que cuenta en las Cámaras de Diputados y de Senadores podrá conformar ternas compuestas por postulantes afines y llevarnos a votar entre candidatos funcionales al Movimiento al Socialismo.

El segundo gran problema será que los ciudadanos tendremos que votar en una papeleta con decenas de casillas sin la más mínima información para elegir entre más de cien postulantes. Votar por los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, recibiendo solo información de los medios estatales de comunicación, constituye un ejercicio inútil porque los ciudadanos seremos llevados a votar a ciegas sin conocer prácticamente nada sobre los candidatos.

Peor aún, las prohibiciones de informar y opinar contenidas en diferentes artículos de la Ley del Régimen Electoral, particularmente en el artículo 82, vuelven imposible que los medios y los ciudadanos informen y opinen sobre los postulantes.

En efecto, se prohíbe a los medios bajo responsabilidad penal, difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral, referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa, generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes, dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante.

Igualmente, a partir de la convocatoria, ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo delito penal. Es decir se puede ir preso por informar u opinar.

También, nuevamente bajo amenaza de proceso penal, se establece que a partir de la convocatoria, ninguna autoridad o institución pública podrá emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones.

Con estas elecciones, no habrá justicia ni democracia y sin ambas, tampoco habrá libertad.

Este artículo fue publicado originalmente en El Deber (Bolivia) el 18 de mayo de 2011.