Empecemos por poner las cosas en su sitio: Humala ha perdido las elecciones. De los más de 16 millones que participaron seis millones votaron por él. Es decir más de 10 millones de votantes lo rechazaron o ignoraron.

Es quizás necesario recordarle al señor Humala --ya que proviene de un entorno castrense-- que, dentro del sistema democrático, una elección se gana por los votos y no por la fuerza o la matonería. Y le guste o no a él, a sus padres o a los promotores del frente de izquierda, incluyendo a su padrino Hugo Chávez, la mayoría de ciudadanos le ha dado a Alan García y no a él, el mandato para gobernar por cinco años.

En tal contexto, las declaraciones del candidato perdedor, que amenaza con poner en jaque no solo la transición democrática sino también la gestión del nuevo Gobierno, son inaceptables. Es por eso que, si los humalistas dan la escalada hacia acciones que escapan al marco constitucional, el Gobierno tienen la ineludible obligación --bajo pena de cárcel-- de adoptar las medidas necesarias, incluidas las policiales y penales, para defender la democracia. Es este un tema en el que no se puede andar con rodeos ni medias tintas. Bastante ha sufrido ya el Perú con la insensatez terrorista, para que ahora otro megalómano venga a desestabilizarlo.

No se trata ya solo de la poca hidalguía para saludar al ganador, como estila la tradición democrática, sino de una actitud política que revelaría una intencionalidad desestabilizadora. ¿Quiere decir, como pensaron muchos, que para Humala este proceso era solo una alternativa para llegar al poder de cualquier manera? ¿No se sintió acaso un tufillo a motín o algo más en las declaraciones de Humala el domingo pasado llamando a ciertos grupos vecinales a estar atentos, mientras se esperaban los resultados de la ONPE? ¿Podemos olvidar el motín de Arequipa o la asonada de Andahuaylas? En la misma línea de pensamiento, ¿pondrá ahora en práctica su plan B, uno que incluso podría incluir la sedición como método? El hecho es que, ante una elección correcta como la del domingo pasado no cabe apelación de insurgencia alguna.

Hay que ser, pues, muy claros: estamos ante hechos sumamente preocupantes, que exigen una definición muy clara del ex candidato Humala y de su grupo, que se juegan estos días también su futuro político. ¿No le consta acaso que el Perú después de lo sufrido con Sendero y Fujimori no desea una opción de gobierno autocrática y que volverá a cerrar filas para oponerse a ella? ¿No se da cuenta de que uno de los factores fundamentales que lo han arrastrado a la derrota han sido el discurso extremista de sus padres y hermanos y el patrocinio de Chávez? Ha hecho bien por eso el doctor Alan García en buscar un acercamiento para, por encima de las discrepancias, buscar el beneficio del país o, por lo menos, tener las cosas claras.

En cuanto a su variopinta bancada congresal, en la que hay un buen sector que pertenece al partido que cobijó al humalismo (UPP), tienen que comprender que han sido elegidos para trabajar por el país. Es decir, su rol no será el de servir a la agenda personal de un caudillo de antigua usanza que recibe el apoyo de un gobernante extranjero como Chávez, que no tiene empacho en controlar de facto y autocráticamente los tres poderes del Estado y, peor aún, de exportarnos su antidemocrático esquema de gobierno. ¿Apoyarán estos congresistas las consignas de agitar las calles y aceptar el cacicazgo latinoamericano de Chávez o asumirán que se les está encaminando hacia una posición extremista para la cual no fueron convocados? Es más, ¿de esos seis millones que apoyaron a Humala, cuántos peruanos no comparten la opción radical que ahora propugna y que ocultó durante su campaña?

Finalmente, todo esto no hace sino confirmar la franca preocupación editorial de este Diario respecto de la candidatura del señor Humala. Fue justamente desde nuestra contundente apuesta por la democracia que expresamos nuestro recelo respecto de su real vocación democrática. Sin embargo, no nos sentimos complacidos por haber estado acertados en nuestro recelo. Y es que quien pierde es el Perú y los millones de peruanos, especialmente los más necesitados, que, producto de esta megalomanía y consecuente puesta en jaque al nuevo gobierno, verán posiblemente truncados o atrasados los planes para enfrentar los grandes problemas nacionales.