Claro, la Unión Europea aparece en los libros como el mayor donante de ayuda externa hacia Latinoamérica, como manifestó en una entrevista el comisario comercial europeo, Pascal Lamy. No obstante, así como lo demuestran decenas de estudios sobre la materia, el desarrollo económico de los países pobres no depende de la asistencia externa, sino del libre comercio. Y es en ese apartado en donde la Unión Europea se ha negado a ayudar a los países del área.

Cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de más comercio entre países ricos y pobres. Diversos estudios indican que los habitantes en los países con mayor apertura económica disfrutan de mejores estándares de vida. Por ejemplo, el Índice de Libertad Económica publicado por el canadiense Fraser Institute, muestra que el PIB per cápita en el quintil de las naciones con el comercio más restringido era de únicamente $1.883 en el 2002. Por su parte, los países en el quintil con mayor libre comercio gozaban ese mismo año con un PIB per cápita de $23.938.

Lamentablemente el proteccionismo europeo cierra las puertas al desarrollo económico de los países menos desarrollados. Según la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, el proteccionismo de la UE priva a los países en desarrollo de aproximadamente $700.000 millones en ingresos por concepto de exportaciones cada año. Eso es casi 14 veces lo que los países pobres reciben anualmente en ayuda externa.

La pronta expiración del Sistema General de Preferencias, el cual permite que una amplia variedad de productos del área ingrese al mercado europeo con aranceles muy bajos o nulos, presupone una nueva negociación de tales ventajas que no le saldrá barata a los países latinoamericanos. La UE está condicionando la apertura de sus mercados a que los países pobres acepten regulaciones laborales y ambientales que son perjudiciales para la competitividad y el crecimiento económico, como lo son el Protocolo de Cartagena sobre alimentos modificados genéticamente, y un raudal de convenios de la Organización Internacional de Trabajo.

La aplicación misma del SGP ha sido irregular. En el caso de Costa Rica los beneficios comerciales a ciertos productos agrícolas fueron suspendidos en el 2003 por un plazo de aproximadamente 7 meses, lo cual ha afectado a empresas exportadoras que generan 45.000 empleos directos.

Los problemas no acaban ahí. Actualmente existe un nuevo conflicto sobre la intención de la UE de imponer a partir del 2006 un arancel a las importaciones de banano provenientes de Latinoamérica de hasta 230 euros por tonelada de fruta, lo cual sacaría del mercado a la mayoría de productores de la región. ¿De qué valen los convenios laborales de la OIT cuando los trabajadores latinoamericanos no encuentran trabajo debido al proteccionismo europeo?

La respuesta lógica ante esta incertidumbre comercial es la búsqueda de un tratado que asegure los beneficios que actualmente tienen los países de la región. Sin embargo, en el caso de Centroamérica, la negociación de un acuerdo comercial enfrenta aún más condicionantes por parte de los europeos.

Entre las condiciones detalladas por Lamy se encuentra la de fortalecer las instituciones de integración como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Desdichadamente la UE parece obstinada en querer reproducir su modelo de parlamento y corte regionales en países pobres que no pueden costear burocracias ineficientes y sin ningún propósito claro.

El caso del PARLACEN es el más patético del proceso integrador centroamericano. Sus 120 diputados cuentan con salarios de $5.000 mensuales, no obstante este órgano carece de funciones, sus decisiones no son vinculantes para los países miembros y se ha convertido en refugio de políticos corruptos que buscan la inmunidad que les brinda una diputación regional, como ha sido el caso de los ex presidentes Arnoldo Alemán de Nicaragua y Alfonso Portillo de Guatemala.

Afortunadamente, Estados Unidos ha negociado sin mayores condiciones tratados de libre comercio con México, Chile, Centroamérica y República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. La puesta en vigencia de tales acuerdos promete dinamizar las economías de esos países y mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos a partir de un aumento en los flujos comerciales y de inversión.

La retórica europea sobre ayuda a los países pobres no corresponde a sus actos. Hasta el tanto la UE condicione la apertura de sus mercados a la implementación de agendas contraproducentes al crecimiento económico, los países de América Latina seguirán viendo en Estados Unidos un socio comercial en quién confiar, y a la Unión Europea como un compañero que da la espalda cuando más se necesita.

Juan Carlos Hidalgo es analista independiente de políticas públicas en Costa Rica y ex-editor de elcato.org.