Con la anuencia del gobierno calderonista, 200 policías y militares mexicanos fueron puestos al servicio de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos: esta instancia los entrenó, los puso a trabajar en México y les dio órdenes de no compartir información con las autoridades nacionales.
Un exintegrante de ese
grupo, actualmente prófugo, habla con Proceso, revela esta situación anómala
–que achaca a compromisos de la Iniciativa Mérida– y afirma además que los
mundialmente famosos agentes de la DEA no saben investigar, desconocen las
labores de inteligencia policiaca y lo único que hacen es pagarle a soplones.
Orden de
cateo en mano y con el apoyo de efectivos de la SIEDO, la madrugada del 8 de
agosto de 2005 se inició un operativo encabezado por dos agentes de la DEA en
una casa en Zapopan, Jalisco, en el kilómetro 25 de la carretera a Saltillo.
Buscaban un laboratorio de producción de metanfetaminas cuya ubicación había
sido proporcionada por un informante a sueldo de la agencia estadounidense.
Ese día
el ingeniero Miguel Colorado, coordinador técnico de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO),
recibió un oficio “muy extraurgente y confidencial”, como quedó asentado en
mayúsculas en el documento. El agente del Ministerio Público Juan Carlos
Vázquez le instruía para que de inmediato enviara a los efectivos a su cargo a
ese lugar de Zapopan.
Como ya
era costumbre, bastaba una llamada de la Administración Antidrogas
Estadounidense (DEA) para que el gobierno de México consiguiera órdenes
judiciales instantáneas y enviara agentes que cumplieran sus órdenes sin
corroborar la información. “Todo era al vapor”, recuerda Francisco Javier
Jiménez, quien entonces era agente de la SIEDO y solía participar en esas
acciones por órdenes de sus superiores. Actualmente, Jiménez es prófugo de la
justicia acusado en el contexto de la llamada Operación Limpieza.
Pero
todo fue un fiasco. En la casa –propiedad de Roberto Ledezma, regidor del
municipio jalisciense de Cuquío– no encontraron huellas de ningún laboratorio
ni nada que se le pareciera.
Los
agentes de la DEA no entendían qué había pasado. “Al entrar a la casa no había
ni laboratorio ni droga ni nada. Todo era mentira”, dice Jiménez en entrevista
con Proceso. “Hicimos el operativo basándonos únicamente en información de
ellos”.
–Oye… ¿y
esto? –afirma Jiménez que le preguntó a uno de los agentes de la DEA que
coordinaban el operativo.
–Vamos a
ir por el informante –respondió el estadounidense, quien tampoco sabía que se
trataba de la casa de un político y que no había ningún narcolaboratorio.
La DEA
llevó a su informante hasta el lugar del cateo. El hombre que los había hecho
quedar en ridículo sólo puso “cara de palo”. Jiménez afirma que lo increpó.
–¡No
está el laboratorio que dijiste!
–Sí. Sí
está.
–¡No
está! ¿A ver? Quiero que me lo muestres –indicó el agente mexicano para “salvar
la dignidad”, según dijo, y prevenirse de las consecuencias legales del
equivocado operativo.
Jiménez
asegura que la DEA y los funcionarios mexicanos ofrecieron una disculpa al
regidor y se retiraron.
“El
gobierno de México sigue las indicaciones de la DEA sólo porque ellos dicen y
en el momento en que ellos quieren”, afirma.
Al
servicio de EEUU
Apenas
pasadas las elecciones del 2 de julio de 2006 la maquinaria de la DEA ya estaba
echada a andar. Washington se dio a la tarea de crear un grupo especial con 200
efectivos de la PGR, la Policía Federal, la Marina, el Ejército y el Cisen,
todos ellos subordinados a la agencia antidrogas y con estrictas órdenes de no
compartir ninguna información con el gobierno de México.
Una
“mini-DEA” con mexicanos, en México y al servicio de Estados Unidos.
El
director regional de la DEA en México y Centroamérica era entonces David
Gaddis, hoy retirado.
Según
documentos cuyas copias tiene Proceso, el 31 de julio de 2006 José Luis
Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, recibió un oficio en el
cual Javier Laynez, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la
PGR, solicitaba que Jorge Joaquín Díaz López, fiscal especial; José Ignacio
Muñiz Chávez, Ministerio Público federal; Rubén Orfaly, ejecutivo de proyectos;
Octavio Aranda, perito técnico; Francisco Javier Jiménez, agente de
investigación, y Antonio Mejía Robles fueran 38 días a Quantico, Virginia, a
participar en el curso Unidad de Investigaciones Sensibles o Confidenciales
(SIU, por sus siglas en inglés).
“La SIU
era un brazo del gobierno de Estados Unidos dentro de México y al momento de
hacer sus operaciones de alto impacto iba a ser manejado directamente por un
agente de la DEA”, señala Jiménez, quien formó parte de ese grupo.
Francisco
Javier Jiménez entró a la Policía Judicial Federal en 1999 y fue comisionado a
la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO, antecedente de la
SIEDO) el 2 de agosto de 2000, cuando la dirigía José Trinidad Larrieta.
Afirma
que ingresó porque siempre le gustaron el trabajo policiaco y la investigación.
Quería ser agente secreto. Y lo fue, pero el precio ha sido alto: cinco años
prófugo, en la clandestinidad, por una acusación en su contra.
Muy
pronto participó en una operación exitosa. “El 16 de noviembre de 2000 hice mi
primera intervención en una investigación relevante. Detuvimos al cuñado de
Amado Carrillo Fuentes, César Miguel Rivera Vargas, El Esfera, esposo de
Florentina Carrillo Fuentes”, señala. Fue su primer trabajo con la DEA.
“Ellos
sólo proporcionaron el nombre; toda la investigación, absolutamente toda la
realizamos nosotros. La reacción de ellos fue de sorpresa. No entendían cómo,
con nuestros recursos limitados y sin tener la capacidad financiera de ellos,
realizamos una investigación de más de seis meses”, recuerda.
Días
antes los agentes mexicanos tuvieron una reunión con la DEA en la que ésta
aseguró que Rivera Vargas estaba en Chiapas. Los mexicanos lo detuvieron en el
Distrito Federal. “Quedaron sorprendidos y satisfechos con esa captura”,
señala. Por eso fue uno de los elegidos para integrar la SIU. La selección fue
basada en la eficiencia y desempeño laboral, afirma. “Fuimos elegidos, no
alzamos la mano para nada”.
La primera
etapa para integrar la SIU pasó por el Consejo de Profesionalización de la PGR.
Ahí les practicaron exámenes psicológicos, visita domiciliaria e investigación
patrimonial. Después se les ordenó que fueran a la embajada de Estados Unidos
en México, donde les aplicaron los exámenes toxicológico, psicométrico y
poligráfico.
“Ellos
nos mencionaron que iban a hacer un seguimiento y monitoreo de nuestra
persona”, señala Jiménez. Eso pasó con los 200 mexicanos elegidos. En la
embajada, señala, el contacto era con la DEA. Hasta ese momento nadie les había
dicho para qué los querían.
“Ahí fue
un primer filtro. Algunos de los que fueron enlistados quedaron fuera. Los
elegidos, los que aprobaron, fuimos a Quantico y ahí nos dieron la
certificación de la DEA de que éramos funcionarios mexicanos pero íbamos a
trabajar directamente con agentes de ellos.”
La
consigna de la SIU era que los agentes mexicanos –bajo las órdenes de
Washington– no podían informar de ningún operativo al gobierno de México.
“Para la
DEA todos son corruptos en México; pero como nosotros fuimos evaluados y
preparados por ellos, había confianza hacia nosotros”, afirma.
El 7 de
septiembre de 2006 –antes de que arrancara el sexenio calderonista– salieron de
la Academia de Capacitación de la DEA en Quantico los primeros mexicanos
graduados de la SIU.
En las
áreas de entrenamiento los mexicanos parecían estadounidenses. Vestían camisetas
con el logo de la agencia antidrogas, shorts, gorras y un gafete con las siglas
de la DEA.
Según
los documentos obtenidos por este semanario, el gerente del Programa SIU fue
Leonard Fitzgibbons; el encargado de la capacitación, Dennis Boots, y los
asesores de la SIU-DEA México: Benny Ortiz, Carl Shirer, Jorge Jiménez, Kevin
Quinlan, Javier Santiesteban, César Solaya, Apolonio Ruiz y Walter Bostwick.
Francisco
Javier Jiménez Sánchez recibió su diploma de graduado junto con otras decenas
de mexicanos y así nació la Unidad de Investigaciones Sensibles o
Confidenciales, como también se refería a ellas Washington, y comenzaron las
operaciones.
Espías
armados
Contra
la leyenda que se construye alrededor de la agencia antinarcóticos más grande
del mundo, los efectivos de la DEA no son tan listos ni buenos investigadores
como quieren hacer creer, afirma Jiménez. Gran parte de su información no es
producto de tareas de inteligencia o investigación, sino que es comprada a
informantes confidenciales. Como en una fiesta de niños con los ojos vendados,
asegura, los agentes sueltan palos a la piñata. A veces le atinan y la rompen;
otras, como en Cuquío, no tienen tino.
“Los de
la DEA son ineptos para investigar, ellos lo que tienen es el poder económico
para comprar informantes; pero para investigar como tal, no son buenos”, dice.
–¿Los
informantes de la DEA siempre son creíbles? –se le pregunta.
“La
mayoría de veces los roban. Los testigos se mantienen, viven, de la metida del
dedo en la boca a los de la DEA. Les ponen un lugarcito o dos y los de la DEA
ordenan que vaya gente del gobierno de México sólo porque lo dice un
informante. Su capacidad de investigación es la económica.”
En el
sexenio de Felipe Calderón la DEA hizo lo que quiso. “Siempre andaban armados”,
señala, y no siempre se les había dado permiso para ello. Afirma que Cuauhtémoc
Herrera Suástegui, coordinador técnico de la UEDO en el gobierno de Ernesto
Zedillo, les decía: “No quiero ver armado a ninguno de ustedes; si los veo
armados me los voy a chingar”, asegura Jiménez.
Herrera
Suástegui, ya en el retiro, fue asesinado el 23 de marzo de 2000. Fue
precisamente el jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, William E.
Ledwith, quien el 20 de febrero anterior ante el Congreso de Estados Unidos
había afirmado que Herrera estaba involucrado con el Cártel de Juárez.
–Después
de los cursos, ¿cómo comenzó a trabajar en la SIU?
–Nos
llegaban notificaciones de que debíamos reunirnos con uno o dos agentes de la
DEA en Guadalajara. Ahí íbamos, a Guadalajara, a Puerto Vallarta o aquí en
México; ellos nos decían lo que teníamos qué hacer.
Señala
que los agentes mexicanos que trabajaban para la DEA en los operativos iban
acompañados de algún fiscal de la PGR, integrante también de la SIU, para que
levantara un acta circunstanciada o una averiguación previa de lo que los
estadounidenses le indicaran.
–¿Los
superiores de ustedes sabían o no lo que estaba pasando?
–Sí
sabían, pero no podían actuar contracorriente. Eran órdenes desde la
Presidencia, de unos niveles muy arriba. Se dice que México es el patio trasero
de Estados Unidos… eso es muy real.
–¿Por
qué el gobierno de México aceptaba estas cosas?
–Por la
Iniciativa Mérida. En mi perspectiva es por falta de, con todo respeto, huevos,
de decir no, nosotros vamos a hacer nuestras propias investigaciones, vamos a
fijar nuestros lineamientos. El gobierno era muy condescendiente. Siempre ha
sido, pero el de Calderón fue mucho más condescendiente con la DEA que antes.
Muchísimo más.
“¿Qué
podíamos hacer nosotros, que éramos los del escalafón más bajo?, pues seguir
las órdenes, obedecer según nuestro criterio.”
–¿Cuántos
estaban en la SIU?
–Doscientos.
Controlados por la DEA. No estábamos todos en el mismo lugar, pero todos
recibíamos instrucciones de la DEA. Unos eran del Cisen, otros de la Marina,
todos participaban en los operativos de una u otra manera.
–¿En los
operativos siempre estaba presente la DEA?
–Sí.
Jiménez
dice que, además de armamento, la DEA usaba en México equipos para la
intercepción de conversaciones privadas, como los Harris, aparatos de escucha
que abarcan cierto perímetro. Además obligaban a todos los agentes mexicanos a
usar localizadores durante los operativos.
En
distintos informes de la DEA ante el Congreso de Estados Unidos, la agencia
justificaba su trabajo afirmando que gracias a ella en México se detuvo o mató
a narcotraficantes importantes.
Según
notas publicadas en octubre de 2011, en un informe ante el Capitolio la DEA se
adjudicó la captura de cuatro capos en México entre 2010 y 2011: Édgar Valdez
Villarreal, La Barbie; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango; Ramón Castro
Rocha, El Cuate, y Harold Mauricio Poveda, El Conejo.
En julio
de 2008 los integrantes de la SIU recibieron un nuevo entrenamiento en las
instalaciones del hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México, a un lado
de la embajada estadounidense, lugar que suele usarse como sede alterna de la
DEA.
Los
cursos fueron sobre “temas de procuración de justicia y aplicaciones prácticas
que involucran el uso de equipo especializado”, según el oficio enviado por
Gaddis a la PGR para solicitar permiso de tener el personal a su disposición
cuatro días. Y así fue.
No
obstante, apenas un mes después de tomar esos cursos Jiménez fue acusado de
colaborar con el crimen organizado. Lo señalaron algunos exmilitares de la
SIEDO que a su vez habían sido acusados por el testigo protegido e informante
confidencial de la PGR y la DEA, Roberto López Nájera, Jennifer.
–¿Qué
piensa de la injerencia que tuvo Estados Unidos en la llamada guerra contra el
narcotráfico? –se le pregunta a Jiménez.
–El
apoyo económico y la tecnología son buenos, pero mientras no haya una verdadera
planeación de cómo utilizar todo eso en la lucha contra el narcotráfico, no va
a servir de nada.
–¿Funciona
lo que hace la DEA en México?
–Pienso
que funciona dependiendo de quién esté a cargo de la administración de
justicia. Lo que sirve de ellos es la aportación de equipo tecnológico, lo
táctico, el armamento, pero nada más.
“El
problema es que la DEA nunca ve más allá, nunca ven desde una óptica más
profunda el problema ni en planes de largo plazo. La DEA fue copartícipe de la
situación.
“La DEA
no puede combatir el narcotráfico ni en su país. No puede ser candil de la
calle y oscuridad de la casa. No se les puede seguir dejando actuar como
quieran.
“El
gobierno de Estados Unidos puso el dinero, la tecnología, la información de sus
soplones, pusieron todo. Nosotros pusimos los muertos”, concluye.