Una es la del bando de nacionalistas tradicionales, quienes consideran anatema cualquier intento de modificación de la legislación existente en el sentido de permitir a Pemex asociarse con inversionistas privados o con otras empresas petroleras del mundo —privadas, públicas o mixtas—, a fin de acceder a capital y tecnología extranjeros. Lo que Pemex pretende es obtener recursos con los cuales buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos en tierra y agua, y así detener la caída de las reservas petroleras probadas del país, que amenazan con agotarse en el mediano plazo (algunos hablan, con propósitos ulteriores, de siete o menos años), y elevar su capacidad de refinación, para reducir las crecientes importaciones de gasolinas y otros derivados del petróleo.

El otro extremo lo forman liberales recalcitrantes, para quienes Pemex es el súmmum del desorden, despilfarro, corrupción e ineficacia, al que solamente la iniciativa privada, nacional y extranjera, puede salvar del desastre final. Para esta corriente resulta claro que, sin modificaciones legales —no necesariamente constitucionales—, garantizadoras de un mínimo de seguridades a los inversionistas privados, éstos no arriesgarán su dinero y conocimientos en la industria petrolera mexicana, y sin ese concurso será imposible, por ejemplo, explorar en aguas profundas a fin de revertir la tendencia declinante de las reservas, o renovar la caduca infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución de la producción de hidrocarburos y sus derivados.

Estos dos extremos se descalifican mutuamente a diario, con los argumentos más pueriles: vendepatrias, codiciosos sin sentido alguno de un proyecto nacional, prestanombres de intereses imperiales extranjeros, liberales-fundamentalistas, son algunos de los epítetos que el bando de la izquierda (los nacionalistas) le endilga al de la derecha (privatizadores), el cual responde con adjetivos igualmente elementales, pero de signo contrario, a quienes se envuelven simbólicamente en el lábaro patrio cuando gritan “ni un paso atrás en la defensa del patrimonio de la nación”.

Afortunadamente, en medio de esos dos extremos hay una gama rica de proposiciones, sólidamente informadas, sobre la reforma petrolera y energética que el país necesita urgentemente.

Desde ideas para transformar el régimen fiscal de Pemex, dejándole manejar sus propios recursos en exploración y actualización en refinerías, en vez de que meramente sea la caja grande de Hacienda, hasta propuestas como las del PRD, de otorgarle a Petróleos Mexicanos autonomía de gestión financiera y técnica, pasando por esquemas parecidos a los actuales contratos de servicios múltiples, que permiten asociaciones entre capital público y privado para acciones específicas en la compleja industria petrolera, sobre todo en lo que los especialistas denominan “aguas abajo” (refinación, petroquímica y comercialización). En la prensa normal o especializada, uno puede encontrar una diversidad de sugerencias para sacar de su letargo a la empresa símbolo de la soberanía nacional.

Resulta también estimulante el hecho de que varios legisladores estén tomando muy en serio su papel de analizar la situación de la energía y el petróleo para proponer iniciativas de ley que coloquen a la “mayor empresa de México y América Latina”, como reza un encabezado del portal electrónico de Pemex, en la vanguardia de las compañías petroleras del mundo en cuanto a productividad, expansión de producción y reservas, innovación financiera y desarrollo tecnológico. Tuve la oportunidad de escuchar del senador Francisco Labastida un diagnóstico de la situación energética del país, y me quedó claro que el responsable de la Comisión de Energía de la Cámara Alta ha hecho un trabajo responsable y sólido.

Toca ahora el turno al resto de legisladores y a los partidos políticos de enfrascarse en el debate, el cual obviamente es tanto técnico como político, de manera que se defienden ideologías, hay sesgos partidistas y posiciones coyunturales.

Lo que no es válido es abstenerse de la discusión con el pretexto de no hacerle el juego a quienes se acusa de querer entregar una renta económica a intereses privados (¿quién se beneficia hoy de tal renta?). Si en materia de petróleo lo que cuenta es un proyecto de Estado, deben defenderse las visiones que cada facción política tenga sobre el particular y buscar que en la discusión triunfe la razón, no recurrir a la sinrazón de, por ejemplo, la “huelga legislativa”.

Profesor investigador de El Colegio de México