Salvo esporádicos destellos, el conflicto de Darfur, que EE UU califica abiertamente de genocidio, ha pasado básicamente inadvertido en su trágica magnitud, perdida en el escenario de un gigantesco y fragmentado país subsahariano de guerras endémicas entre su dominante norte árabe y un sur negro.

Son varios los motivos del escepticismo que suscita el acuerdo de Abuja, obtenido con fórceps por presión estadounidense y tras dos años de conversaciones. Pero pueden resumirse en un punto crucial: la dictadura sudanesa, garante final del compromiso, nunca ha cumplido sus pactos a propósito de Darfur. Ni siquiera ahora, tras la firma de este armisticio incompleto, Jartum se compromete a aceptar la presencia de una fuerza de paz de la ONU, única forma de garantizar un alto el fuego real en un asolado territorio del tamaño de Francia y desde hace dos años al escuálido cuidado de 7.000 soldados de la Unión Africana, sin pertrechos ni voluntad política para imponer la paz.

El Gobierno sudanés, dominado por clanes árabes, tampoco ha garantizado que desarmará a sus milicias vicarias -los despiadados Janjawid-, que, como aliadas de sus propias fuerzas, viene utilizando para sembrar el terror en Darfur mediante el saqueo, el incendio y las violaciones en masa de su mayoría no árabe. Hacia el exterior, el papel de Sudán desde que estallara a comienzos de 2003 esta insurrección de los desheredados ha sido básicamente, ayudado por sus aliados árabes, el de negar la realidad, intentar sacudirse la presión y las críticas internacionales y poner impedimentos a observadores y organizaciones humanitarias para acceder a la zona.

Es ilusorio esperar una paz efectiva en Darfur sin la presencia de un fuerte contingente de la ONU con un mandato inequívoco. El pacto parcial firmado en Nigeria este fin de semana podría servir quizá para mejorar la suerte de millones de refugiados, pero aun eso exige el libre acceso a la región de las organizaciones humanitarias especializadas, algo solicitado hasta ahora sin éxito por Kofi Annan.