El Programa de Asistencia para la Administración del Sector Energético del Banco Mundial(ESMAP) parte de la premisa de que los subsidios a los combustibles fósiles constituyen una carga fiscal significativa, benefician principalmente a los ciudadanos con ingresos más altos y fomentan el consumo de combustibles menos limpios. En algunos casos el subsidio a los combustibles ha llegado a costar hasta un 7% del PIB como en Egipto en 2013.[1] Aquí en Ecuador gastamos 6,33% del PIB en 2011.

ESMAP realiza estudios para determinar el costo de los subsidios a los combustibles, las mejores herramientas disponibles para proteger del impacto del ajuste en los precios a los ciudadanos de ingresos más bajos y el impacto en la economía del ajuste. También diseña campañas de comunicación acerca de la necesidad de la reforma y sus impactos. La asistencia extranjera en este caso es prescindible, pero si el gobierno siente que no sabe cómo hacerlo o que no tiene la información necesaria para lograr eliminar los subsidios sin morir en el intento, quizás le daría más tranquilidad asesorarse de estos expertos.

ESMAP reporta que Ucrania logró eliminar los subsidios a los combustibles y la energía doméstica entre 2014 y 2016.[2] Este es un país con serios problemas de gobernabilidad, que de paso experimentó hace apenas cuatro años la violencia del Maidan, la caída de un gobierno pro-Rusia y una grave situación económica. No obstante, el gobierno de Petro Poroshenko no se cayó luego de implementar esta medida.[3]

En nuestro caso, como señalé en un artículo anterior, tenemos a nuestra disposición la excelente herramienta para proteger a los más vulnerables del impacto del ajuste en el precio de los combustibles: el Bono de Desarrollo Humano (BDH). Todo es cuestión de determinar el impacto para ellos en gran medida por el costo ligeramente superior del transporte público y el incremento en el gas de consumo doméstico y luego aumentar el monto del bono por la suma de esos dos valores.

Tienen razón quienes dicen que no se le puede hacer todo el deber al gobierno. Por eso es muy buena la idea de Pablo Lucio Paredes, quien propone eliminar simultáneamente el Impuesto a la Salida de las Divisas (ISD) que ahora se encuentra en un 5% y cuya recaudación casi cuadra con el costo del subsidio al diesel y al gas (alrededor de $1.000 millones).[4] Este impuesto constituye una restricción al comercio que encarece artificialmente la vida para los consumidores y merma la competitividad de productores que requieren de insumos importados. También espanta la inversión extranjera.

Algunos dirán que borramos con una mano lo que hicimos con la otra: el déficit se mantendría igual si eliminamos un gasto y al mismo tiempo un ingreso de casi el mismo monto. Pero una reducción de impuestos estimulará el crecimiento económico y por derivación, una mayor recaudación. En cuanto al gasto, a los políticos y a los burócratas les tocará apretarse los cinturones donde más les duele: en el gasto corriente.

Aumentar el BDH para compensar a los más vulnerables mientras que se elimina el ISD podría ser la fórmula para hacer políticamente viable la eliminación de unos subsidios que son éticamente injustificables e insostenibles.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 10 de agosto de 2018.

Referencias:

[1]. https://www.esmap.org/node/70891

[2]. https://www.esmap.org/node/70892

[3] http://www.esmap.org/node/70892

[4] https://www.eluniverso.com/opinion/2018/07/28/nota/6879434/subsidio-combustibles